Antes el Tribunal Constitucional ha aceptado la abstención del exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo en el debate de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la Ley de Amnistía. Fuentes jurídicas informan de que el Pleno ha acordado aceptar la petición de Campo, que pidió apartarse de este asunto porque siendo ministro de Justicia firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional.
Fuentes jurídicas informan de que el Pleno ha acordado este miércoles revisar la norma tras atender la cuestión elevada por la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre el delito de desórdenes públicos, cuyo ponente es el magistrado conservador Ricardo Enríquez. La Sala de lo Penal del Supremo elevó la cuestión al TC a finales de julio en un auto en el que los magistrados aseguraban no albergar "duda alguna" de que la ley entra en colisión con varios derechos constitucionales, como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica.
Lo hizo al estudiar la aplicación de la ley de amnistía en dos recursos, respecto de tres personas condenadas por desórdenes públicos y atentado en las protestas ocurridos en Girona y Barcelona tras la sentencia del procés, hecha pública en octubre de 2019. Al respecto, el Constitucional ya ha comunicado al Supremo que la admisión conlleva la suspensión automática del procedimiento por el que había preguntado el alto tribunal hasta que resuelva el fondo. Eso sí, fuentes jurídicas dejan claro a EFE que el recorrido será largo y que su resolución puede tardar hasta un año siendo el horizonte más optimista de unos seis u ocho meses.
La admisión del recurso del Supremo se produce el día que vence el plazo para recurrir la norma, que en los últimos días ha acumulado una decena de recursos, la mayoría de gobiernos regionales del PP. Ahora bien, las fuentes explican que el tribunal da preferencia en la tramitación a la cuestión del Supremo por ser no solo la primera sino por venir del más alto tribunal del país, de manera que marcará el camino para la resolución de todos los recursos de inconstitucionalidad y amparo que verá después el tribunal.
Porque el recurso del PP, presentado la semana pasada, se estudiará el día 24, cuyo ponente es el conservador José María Macías, nombrado a propuesta de los 'populares'. Y los siguientes serán los de los gobiernos de las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja gobernadas por el PP, y el de Castilla-La Mancha, del PSOE. También han recurrido tres parlamentos autonómicos, los de Aragón, Cantabria y Murcia.
Por otra parte, el tribunal ha aceptado la abstención del exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo, que pidió apartarse de este asunto porque siendo ministro firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional. Tras esta decisión, la correlación de fuerzas queda 6 a 5 para los progresistas, aunque cuando llegue el recurso del PP, tocará estudiar las peticiones de los 'populares' que han solicitado que no solo se aparte Campo, sino también el propio presidente Candido Conde-Pumpido y la magistrada Laura Díez, que fue alto cargo en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
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Es decir que el máximo órgano jurisdiccional, como es el Tribunal Supremo, ha de acudir a un tribunal político y totalmente politizado para que diga si una ley es ajustada a derecho.