- Formada por 5 artículos, deroga la ley de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana de 2017 (de 65 artículos) y disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática.
- Abarca desde 1931 hasta la actualidad: la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico. La vigente se refiere a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
- Crea la 'Unidad de Concordia'; establece que la Generalitat elaborará un 'Catálogo de vestigios' y habla de 'lugares de concordia', donde han ocurrido «hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva».
- Los procedimientos iniciados por la ley de 2017 que no se hayan concluido decaerán de forma automática con la entrada en vigor de la nueva, menos los procesos de exhumación.
- PP y Vox la justifican «frente a las injerencias, coacciones y restricciones de derechos de la legislación memorialista». La oposición critica que «blanquea el franquismo» y pone en plano de igualdad la Segunda República con la dictadura.
Ley que regula la libertad educativa
- Formada por 21 artículos, deroga la ley de Plurilingüismo de 2018 (de 30 artículos) y reivindica el modelo de las dos líneas (valenciano y castellano) que había antes de la llegada del Botànic, que estableció un mínimo del 25 % en castellano y valenciano para todo el alumnado.
- Diferencia las zonas de predominio lingüístico castellano y valenciano -y establece porcentajes distintos del tiempo lectivo obligatorio de la otra lengua cooficial- y fija el derecho de las familias a elegir la lengua base (ahora lo hacen los consejos escolares).
- Permitirá desde el próximo curso la exención de la evaluación y calificación del valenciano en las zonas castellanohablantes y elimina el requisito lingüístico del profesorado en enseñanzas de Formación Profesional y régimen especial.
- Se otorgarán certificaciones automáticas de valenciano según el nivel educativo, por ejemplo el B1 para quien apruebe la materia en la ESO.
- PP y Vox la justifican para «devolver» a los valencianos «los derechos en materia lingüística» frente a una ley que «impone un modelo único» y «discrimina el castellano como lengua cooficial». Para la oposición, busca «liquidar el valenciano» en las aulas.
Ley de la Corporación Audiovisual
- Formada por 34 artículos, deroga la ley de 2016 que permitió poner en marcha la radiotelevisión pública À Punt (de 51 artículos) y crea la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que sustituirá a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).
- Contempla un consejo administración de 8 miembros (7 elegidos en las Cortes -por 3/5 en primera vuelta, por mayoría absoluta en la segunda- y 1 por la FVMP). Sustituirá a un consejo rector de 10 miembros (la mitad elegidos por las Cortes y el resto por el Consell de la Ciutadania, el Consell Audiovisual y los trabajadores de la corporació, por 2/3 en primera votación y 3/5 en segunda).
- El consejo de administración aprobará en el plazo de seis meses una nueva relación de puestos de trabajo y mientras se suspenden los procesos de selección ofertados por la CVMC y la SAMC. - PP y Vox la justifican por la necesidad de «extinguir» un modelo de gestión que no ha aportado «soluciones» y de reducir «la hipertrofia legislativa» de la norma actual. Para la oposición, busca el «control político» de la cadena.
Modificación de las Leyes de Transparencia y de Incompatibilidades
- Formada por 16 artículos, introduce cambios en dos leyes (no las deroga): la de Transparencia y buen gobierno de 2022, y la de Incompatibilidades de cargos públicos de 2016.
- Modifica la publicidad de las declaraciones de renta y de actividades de los cargos públicos -se publicará «un extracto»- y excluye de la obligación de publicar las agendas completas de los cargos públicos los actos que son «mera actividad interna» o las reuniones «necesarias para la mera ejecución de contratos o convenios».
- Introduce la posibilidad de que los cargos públicos pertenezcan a un consejo de administración «de una entidad no pública» y añade una fórmula para desbloquear la renovación del Consell de Transparencia: si en dos meses desde la primera votación no logra los 3/5 de las Cortes, bastará con mayoría absoluta.
- El presidente de la Generalitat tendrá que presentar en su primer año un Plan de gobierno (ahora es en el primer semestre) y se introduce que a los tres años pedirá a las Cortes que se pronuncien sobre su cumplimiento.
- Se justifica para garantizar que haya más transparencia y control. La oposición considera que elimina la transparencia que introdujo el Botànic y avanza en la opacidad.
Modificación de la Ley de la Agencia Valenciana Antifraude
- Formada por 6 artículos y presentada solo por el PP (Vox ha defendido que desaparezca este organismo, pero ha anunciado su apoyo a la propuesta del PP), cambia en la ley de 2016 la mayoría para la elección del director de la Agencia Antifraude (de tres quintos de las Cortes, a mayoría absoluta en la segunda vuelta).
- Las retribuciones del director, que actualmente se asimila al rango de director general, las determinará la Mesa de las Cortes valencianas. Si es funcionario de carrera, no podrá cobrar menos. - El director podrá contar con dos eventuales (ahora todos los puestos de trabajo los ejercen funcionarios de carrera).
- El PP la justifica para reforzar el funcionamiento de la AVAF La oposición cree que se favorece «el asalto» a un organismo actualmente inmerso en el proceso de renovación de su primer director.
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