En Directo - El Pleno debate en sesión extraordinaria el dictamen de comisión de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. | Youtube: Congreso de los Diputados - Canal Parlamento

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La Comisión de Justicia aprobó la pasada semana un dictamen con la ley y las últimas enmiendas pactadas por el Gobierno con los independentistas de ERC, un texto y unas modificaciones que salieron adelante con el apoyo de Junts. Pero los de Carles Puigdemont consideran que ese texto no es suficiente y quieren introducir cambios para 'blindarse' ante lo que considera maniobras de jueces para extender sus investigaciones a aspectos no contemplados por la amnistía, como el terrorismo que aprecia el juez Manuel García Castellón en las protestas de los CDR y el 'Tsunami Democràtic' o el delito de «traición» que percibe el juez de Barcelona que investiga la «conexión rusa» con el procès.

Pero en el Pleno del Congreso de este martes hay pocas posibilidades de modificar la ley que aprobó hace una semana la comisión de Justicia. O bien el PSOE y Sumar aceptan las enmiendas de Junts con todas sus letras, algo que los socialistas han descartado, o bien consiguen el visto bueno de todos los grupos para introducir cambios pactados, una unanimidad que no concederán ni el PP ni Vox.

Y si no se introducen esos cambios, Junts anuncia que no podrá apoyar la ley en la votación de este martes, y sin sus votos no se llegaría al umbral mínimo de 176 votos que exige una ley de rango orgánico como ésta.

La proposición de ley se somete a dos votaciones generales en el Pleno del Congreso de este martes, una sobre el dictamen aprobado por la comisión y otra por su rango orgánico. Junts permitiría superar la primera, donde basta mayoría simple, porque si no se aprobase el dictamen la ley sería rechazada sin opción a dar una segunda oportunidad.

Segunda oportunidad en un mes

Su idea sería retirar el apoyo para la votación orgánica, la del listón mínimo de los 176 votos, abriendo así el camino que establece el artículo 131 del Reglamento del Congreso; es decir, el dictamen aprobado por el Pleno volvería a la Comisión de Justicia para que, en el plazo de un mes, se debatieran los cambios pertinentes y se llevase al hemiciclo un nuevo texto para un segundo intento.

Todo ello retrasaría un mes la tramitación de la iniciativa del PSOE, pero al menos permitiría al PSOE y los independentistas introducir nuevos cambios en la redacción vía enmienda transaccional, sin necesidad de contar con el permiso unánime que se exige en el Pleno del Congreso.