El Gobierno lleva tres años seguidos presumiendo de haber lanzado la mayor oferta de empleo público de la historia. En 2021 el Ejecutivo sacó 30.445 plazas a concurso. En 2022 fueron 34.151 y el martes pasado aprobó 39.574 para 2023, en plena campaña para unas elecciones de las que saldrá el Gobierno que tendrá que poner en marcha esa oferta de empleo público. Sin embargo, esas convocatorias y las que han ido lanzando comunidades autónomas y ayuntamientos en la última década no han sido capaces de compensar las pérdidas de personal que se han producido desde 2012. La realidad es que España tiene hoy 213.935 funcionarios menos que hace una década.
Así lo reflejan las estadísticas de empleados públicos que elabora cada seis meses el ministerio de Hacienda y Función Pública. En julio del año pasado —última estadística disponible— había registrados 1.457.311 funcionarios en España, un 13% menos que hace una década. Además, el número de funcionarios se ha reducido en todos los niveles de la administración. En la última década, el Estado ha perdido 34.000, las comunidades autónomas 74.000 y las entidades locales unos 31.000.
Las jubilaciones y la escasa tasa de reposición de los puestos que quedan vacantes son los principales factores que explican el importante declive que ha vivido el funcionariado español en los últimos años. El envejecimiento de las plantillas se percibe con especial claridad en la Administración General del Estado (AGE), el departamento en el que se incluye al personal de los ministerios, organismos autónomos, agencias estatales y demás. En este apartado de la administración, el 63,5% de los empleados públicos —incluido laboral y funcionarios con plaza—tiene más de 50 años y se irá jubilando a lo largo de los próximos 15 años.
Además, las bajas que se han ido produciendo en los últimos años no se han compensado con nuevas incorporaciones. Con la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno en 2011, se introdujo una política de reposición cero: las jubilaciones de la AGE no se repusieron con nuevas plazas durante cuatro ejercicios, solo las de las fuerzas armadas, Policía Nacional y Guardia Civil se cubrían.
Eran tiempos en los que la austeridad impuesta por Bruselas forzó al Ejecutivo a reducir el gasto público para reducir el déficit y se optó por esta fórmula para evitar recortar más los salarios. A partir de 2016 volvieron a reponerse algunas jubilaciones (el 100% en los sectores prioritarios), pero la tasa de reposición general no volvió a alcanzar el 100% hasta 2021.
El declive en el número de funcionarios ha provocado que el Estado central tenga ahora menos empleados públicos a su servicio que hace diez años, mientras que las comunidades autónomas y las entidades locales han ganado personal. La administración central —incluidas las fuerzas armadas, Policía Nacional, Guardia Civil y Administración de Justicia— tiene ahora 64.443 empleados menos que en 2012. Sin embargo, las autonomías y las administraciones locales —donde el funcionariado tiene menos peso en las plantillas en detrimento del personal laboral y otros contratos— han ganado 117.851 y 64.443 trabajadores más, respectivamente.
Esta reducción de las plantillas del sector público está teniendo consecuencias visibles en algunos servicios. Un ejemplo claro es la Seguridad Social, donde la insuficiencia del personal para atender al público es manifiesta. En 2012 trabajaban para la Seguridad Social 29.909 empleados públicos, de los que el año pasado solo quedaban 23.692 (un 20% menos). Y en este tiempo la carga de trabajo de la entidad se ha multiplicado. La Seguridad Social gestiona ahora dos millones más de pensiones y se le han encomendado nuevas prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.
Madrid, líder en empleo público estatal
A nivel autonómico, la mayor parte del empleo público estatal se concentra en la Comunidad de Madrid. Algo que no sorprende si se tiene en cuenta que el grueso de la administración central se localiza en la capital del país. En la Comunidad de Madrid hay 37 empleados públicos del Estado por cada 1.000 habitantes, una proporción que triplica la media de 11 empleados a nivel nacional.
Por contra, las autonomías en las que el sector público estatal tiene menos peso son Cataluña (3,4 empleados por cada 1.000 habitantes), País Vasco (4,3) y Navarra (6,3). Un dato que tiene mucho que ver con que estos territorios son los que más competencias transferidas tienen.
Sin embargo, si analizamos el empleo público en su conjunto, teniendo en cuenta también los trabajadores en la administración autonómica y local, la imagen cambia. Así, Extremadura, con 86 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, es la autonomía de España con mayor tasa de empleo público sobre la población. Le siguen Aragón (75), Castilla y León (69,5), Castilla-La Mancha (64), Navarra (63), Asturias (62), Canarias (61), Madrid (60), Murcia (59,5), Cantabria (59), Andalucía (58) y Galicia (58), todas ellas por encima de la media nacional (57,6). Entre los territorios con menos empleados públicos por habitantes se encuentran La Rioja (57), País Vasco (55), Baleares (52), Comunidad Valenciana (51) y Cataluña (44).
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