Díaz sella con los sindicatos el estatuto del becario para atajar la precariedad en las prácticas

El acuerdo «permite cerrar el círculo de la formación de calidad y el empleo digno para las personas jóvenes», ha destacado Díaz. «Se ha acabado el tiempo de usar a los jóvenes como de usar y tirar (...) como asalariados fantasmas», ha subrayado la vicepresidenta segunda, que ha lamentado la ausencia de la patronal en el acuerdo.

La CEOE se descolgó al considerar que no era adecuado sacar adelante una normativa con las Cortes disueltas y que deberá aprobar la diputación permanente previo paso por el Consejo de Ministros. Precisamente sobre este punto, los líderes de UGT y CCOO han pedido a los grupos políticos que apoyen este acuerdo que busca acabar con la precariedad en las prácticas. «Queremos dejarlo cerrado en la legislatura», ha pedido el líder de UGT, que ha celebrado el acuerdo, pero ha lamentado también que la patronal no se haya sumado.

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Por el momento, los habituales socios del Gobierno, como ERC o Bildu, no han cerrado su postura sobre el tema. «Las prácticas no deben ser una excusa para el abuso o para cubrir puestos de trabajo», ha defendido el secretario general de CCOO, que ha criticado la posición de los rectores en este acuerdo. La presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha considerado que el acuerdo «pone en peligro las prácticas que forman parte de nuestros planes de estudio».

«La falta de suficiente financiación del sistema universitario no puede tener como consecuencia unas becas fraudulentas», ha añadido Sordo. «Los que dicen que con este estatuto se acaban las prácticas quieren seguir con la precariedad», ha criticado también el secretario confederal de Juventud de CCOO, Adrià Junyent. «Caerá sobre un mazazo sobre los que cometían abusos», ha incidido el portavoz confederal de RUGE (Revolución Ugetista), Eduardo Magaldi. La norma será aplicable a la formación vinculada a grados del sistema de Formación Profesional, a enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, a especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo y a prácticas universitarias.

El objetivo, destaca Trabajo en una nota, es otorgar seguridad jurídica a las distintas partes «ampliando y garantizando los derechos reconocidos» mediante las competencias que se atribuyen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un régimen sancionador específico. Así, será obligatorio suscribir convenios o acuerdos de cooperación y planes formativos individuales precisos, se fija un máximo de becarios por empresa y se deberán respetar los límites y descansos aplicables a las personas que presten servicios en la empresa, entre otras medidas.