Así, mientras el secretario primero de la Mesa y dirigente de En Comú Podem Gerardo Pisarello ha abogado por «revertir» la decisión del tribunal de garantías «con todos los recursos que estén al alcance», la vicepresidenta segunda y diputada del PP, Ana Pastor, ha considerado que el auto del Constitucional «da la razón a que nadie nunca puede ester por encima de la ley». «Defiendo que se respete la ley», ha dicho a la entrada de la reunión de la Mesa que hoy debía analizar las reconsideraciones pedidas por el PP y Vox que pedían precisamente inadmitir las enmiendas que permitían renovar el TC y el CGPJ.
Fuentes parlamentarias de la Mesa han señalado a EFE que ambas reconsideraciones decaen ante la decisión del TC pero Pastor ha señalado que las defenderá, al tiempo que el vicepresidente cuarto de este órgano, Ignacio Gil Lázaro, ha añadido que «todo lo que se está produciendo es desde el inicio del proceso manifiestamente irregular e inconstitucional excepto la decisión del Tribunal Constitucional que ha sido en beneficio de la separación de poderes».
El diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, por su parte, ha reiterado que su formación interpondrá todos los recursos «que estén al alcance y planteará las reformas necesarias para que se produzca la renovación del poder judicial», apoyada por una mayoría en el Congreso. Además, ha avisado que la formación morada interpelará a la sociedad civil y a la ciudadanía para que entienda la gravedad de lo que ha sucedido. «Revertir la decisión..haciendo valer la mayoría parlamentaria que ha sido avasallada de manera inaceptable y cuanto antes que haya normalidad de en TC para que no esté secuestrado por una minoría que solo la utiliza para degradar la institución y atropellar la democracia», ha dicho Pisarello.
Las Mesas del Congreso y del Senado recibieron anoche la notificación del TC en la que da un plazo de diez días para que las Cámaras remitan certificación de las actuaciones al tiempo que concede otro plazo de diez días al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada. La vicepresidenta tercera de la Mesa y también diputada de Podemos, Gloria Elizo, ha considerado que el Congreso debe acatar el auto del Constitucional «más allá de críticas personales y posiciones partidistas». «Son las resoluciones de las instituciones del Estado por mucho que no las comprendamos», ha zanjado
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