Caixabank, la primera que aprueba adhesión a nuevo Código de Buenas Prácticas

El banco se adhiere así a la ampliación del Código de Buenas Prácticas vigente y también al nuevo, que tendrá un régimen transitorio de dos años, tal y como aprobó esta semana el Consejo de Ministros. El Gobierno aprobó el pasado martes en su reunión semanal un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria a más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del euríbor. Las medidas contempladas en la ampliación del código vigente son aplicar carencias de 5 años en el capital de la hipoteca y una reducción del tipo de interés aplicable hasta el euríbor menos el 0,1 %, cuando el incremento del esfuerzo hipotecario sea superior al 50 %; así como una carencia de dos años y un alargamiento del plazo de hasta 7 años si este incremento es inferior al 50 %.

CaixaBank subraya en el comunicado que ha sido «la entidad más activa en la concesión de ayudas acogidas al Código de Buenas Prácticas y ha llevado a cabo el 35 % de las operaciones del conjunto del sector» relacionadas con el Código de Buenas Prácticas vigente desde 2012. En este sentido, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha subrayado que «somos los principales interesados en apoyar al conjunto de la sociedad y, especialmente, a nuestros clientes en dificultades. Lo hemos hecho siempre, lo hacemos en la actualidad y vamos a seguir haciéndolo en el futuro».

El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha defendido en el consejo de administración que la entidad financiera «se encuentra en una posición muy sólida para seguir ayudando a familias y empresas y para contribuir a que el impacto del deterioro económico que se pueda producir sea más moderado». La entidad recuerda que, ya en 2009, con la anterior crisis financiera, implementó un plan de ayudas que alcanzó a 360.000 clientes con dificultades para pagar la hipoteca y que también ha trabajado en mantener la mayor red de cajeros del país y en fomentar la inclusión social a través de su Fundación. Desde la aprobación de la norma, la banca española cuenta con cuatro semanas para estudiarse el texto a fondo, aunque la gran mayoría de entidades ya manifestaba el pasado martes su buena disposición a sumarse a los acuerdos en beneficio de sus clientes.