Esta semana, la propuesta se ha concretado en forma de proposición de ley registrada en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos, y ha sido tras conocer la letra pequeña de los nuevos impuestos cuando las empresas afectadas, y también la oposición, han sacado a relucir sus posturas contrarias. Unas posiciones que no hacen más que aventurar un nuevo frente para el Ejecutivo de coalición con bancos, eléctricas, petroleras, por un lado, y con el PP de Alberto Núñez Feijóo, por otro.
Según la proposición de ley, la tasa destinada a las energéticas afectará a eléctricas, gasistas y petroleras que tuvieran ingresos brutos superiores a los 1.000 millones de euros en el año 2019, y gravará con un tipo del 1,2% el total del dinero ingresado por estas empresas en el año 2022 y 2023. Utilizando esa magnitud, y no el beneficio neto obtenido por las energéticas, el Gobierno pretende evitar que la capacidad recaudatoria del impuesto quede diluida.
En el tributo que afectará a los bancos no se van a tomar como referencia los ingresos totales de cada entidad para determinar la cuantía que tendrán que pagar, sino que la fórmula será algo más compleja: será la resultante de restar a los intereses y comisiones que cada entidad cobre a sus clientes la cifra que hayan tenido que desembolsar los propios bancos en concepto de intereses y comisiones para obtener financiación. A esta diferencia se le aplicará un tipo del 4,8%, y la cifra resultante será la que tengan que pagar los bancos para satisfacer el nuevo impuesto. La tasa se aplicará únicamente a las entidades que hayan tenido en el año 2019 unos ingresos superiores a 800 millones de euros por comisiones e intereses cobrados a sus clientes.
En su proposición de ley, PSOE y Unidas Podemos prohíben expresamente que las empresas energéticas repercutan el coste de este impuesto a los consumidores. Para castigar estas eventuales subidas de los precios de la factura final, el gravamen irá acompañado de un abanico de sanciones que pueden suponer hasta un 150% del importe trasladado al cliente si las empresas se saltan esta prohibición, una acción que sería considerada como una infracción muy grave.
Los morados no dejan de advertir de que estarán "muy vigilantes" con la banca y las energéticas para evitar que trasladen el nuevo impuesto al consumidor final. Ellos querían introducir un nuevo delito en el Código Penal para castigar una conducta así, pero los socialistas no estaban nada convencidos y finalmente será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de supervisar que dichos incrementos no se produzcan y de determinar las multas, en su caso.
El Ejecutivo no quiere cambios
En el plano político, los partidos que forman el Gobierno de coalición han ido a una con esta medida. Unidas Podemos saludó desde el primer momento que Sánchez abrazara su tesis de subir impuestos a los que más beneficios tienen para que hagan mayor aportación a la economía. Por eso, al Ejecutivo no le debería costar sacar adelante esta proposición de ley con sus socios habituales, entre ellos ERC y EH Bildu. Lo que no está claro es si el texto terminará aprobándose tal cual se ha registrado o habrá modificaciones durante la tramitación parlamentaria.
A priori, no es intención del Ejecutivo que haya el más mínimo cambio, según fuentes gubernamentales, sobre todo en lo que respecta a la parte más técnica de la propuesta, es decir, los gravámenes a unas y otras empresas, ya que consideran que de hacerlo, podría perderse el efecto real que se persigue con los nuevos tributos.
El socio parlamentario que se muestra más reticente es el PNV. Pero no por no compartir el fondo de la medida, sino por su diseño y, en concreto, porque los nuevos impuestos están configurados como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, de modo que no pueden concertarse, "imposibilitando" que las Haciendas forales "puedan recaudar un solo euro de lo gravado a las empresas de los sectores bancario y eléctrico". De modo que la batalla que darán los nacionalistas en el Congreso es que tanto País Vasco como Navarra asuman la gestión de estos gravámenes, ya que no hacerlo supondría "no respetar el marco jurídico vigente".
En el otro lado del arco parlamentario, el PP no ha ahorrado en críticas al Gobierno de coalición desde que Sánchez anunció la creación de los dos nuevos tributos a mediados de julio. Los populares no quieren oír hablar de subir impuestos y defienden que lo que hay que hacer es bajar impuestos a las clases medias, dándoles más poder adquisitivo como medida para tratar de bajar la inflación.
Para Feijóo, con este tipo de medidas que incluye en entre las "recetas" de Unidas Podemos, Sánchez compra "paz parlamentaria" con sus socios "para irse de vacaciones". El Gobierno, en su opinión, sólo sabe "subir los impuestos" y está "obsesionado por estar y no por gobernar". Pero así, apuntó el líder del PP en su propio balance del curso político, "España será la última economía europea en recuperarse". El nuevo portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, respondió de inmediato preguntando preguntando "para qué sirve el PP" y censurando el "patriotismo de tierra quemada".
Enfrentamiento Gobierno-empresas
Por supuesto, las críticas en el sector que tendrá que pagar los nuevos tributos tampoco se hicieron esperar. Tanto desde las empresas de forma individual como desde las patronales no hubo ni una postura mínimamente a favor. Todos auguran, de hecho, un escenario de lo más pesimista.
El calificativo "arbitrario" fue uno de los más utilizados por energéticas y bancos para definir el nuevo impuesto. No fue lo único. La Asociación Española de Operadores Productos Petrolíferos (AOP) habló de frenazo en las inversiones, las patronales del sector financiero AEB y CECA avisaron de que una medida así no sirve para combatir la inflación y que entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo, e incluso habló de tensiones geopolíticas, mientras que la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) considera que la introducción de un nuevo gravamen extraordinario "no está justificada por la existencia de beneficios extraordinarios" sencillamente porque asegura que no los están obteniendo. Desde el Banco Santander cree que se les "estigmatiza".
Sánchez, no obstante, ha lanzado el guante. Tras las críticas de la oposición y de las empresas afectadas, no dudó en responder el pasado viernes, en su balance de cada verano antes de las vacaciones, donde se refirió directamente a los presidentes del Banco Santander e Iberdrola para asegurar que "si [Ana] Botín y [Ignacio Sánchez] Galán protestan, es que vamos en la buena dirección".
Y no se quedó ahí: "Si se fijan, [los grandes empresarios] son los mismos que protestaron y dijeron que subiendo el salario mínimo y con la reforma laboral se iba a caer España". Dio por hecho, además, que PP y Vox votarán en contra de los nuevos impuestos cuando se debatan en el Congreso en los próximos meses, y se preguntó "qué intereses están protegiendo". La batalla política y económica está servida el próximo otoño.
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