Tras una negociación paralizada durante meses pero que se había acelerado en las últimas dos semanas, el PSOE y el PP han acordado este jueves la renovación de todos los órganos constitucionales pendientes salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde mantienen posturas alejadas.
Socialistas y populares han pactado la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, caducados desde 2019, y el recambio de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, además de situar a Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, teniendo como adjunta primera a la diputada del PP y víctima de ETA María Teresa Jiménez Becerril.
Ambos partidos también han dado luz verde a los relevos en la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos.
El acuerdo se alcanzaba ya entrada la noche en una reunión en el Congreso entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
La previsión ahora es que durante la primera semana de noviembre, los candidatos comparezcan en las comisiones respectivas para evaluar sus idoneidad para el puesto.
Después, en la siguiente semana, sus nombramientos se someterían al pleno del Congreso, salvo los del director y subdirector de la Agencia de Protección de Datos, que reciben el visto bueno de la Comisión de Justicia.
Para el Tribunal Constitucional, PSOE y PP han pactado los nombres de Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales; Concha Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.
Tanto el PP como el PSOE ha destacado que todos los vocales propuestos son «de consenso» y «profesionales de reconocidos prestigio reconocido y con una dilatada trayectoria profesional».
En el caso del Tribunal de Cuentas, la renovación es total, ya que los mandatos de sus doce miembros estaban caducados, entre ellos algunos de los responsables de los procesos contables contra los líderes del proceso independentista en Cataluña.
Se trata de Enriqueta Chicano Jávega, Isabel Fernández Torres, Dolores Genaro Moya, Elena Hernáez Salguero, Diego Íñiguez Hernández, Rebeca Laliga, José Manuel Otero Lastres, Joan Mauri Majós, Javier Morillas, Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla, Mª Luz Rodríguez Rodríguez, y cierra la lista Miguel Ángel Torres Morato, actual fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.
Socialistas y populares han optado además por la catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia Belén Cardona para dirigir la Agencia de Protección de Datos, mientras que Borja Adsuara Varela, abogado y consultor en derecho digital, será su adjunto.
El PP ha expresado su satisfacción porque se ha conseguido que entre los propuestos no haya políticos ni expolíticos, como destaca, había pedido su líder, Pablo Casado.
La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha celebrado un pacto que alcanza también el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos y que a juicio del PP está encaminado al «reforzamiento» de las instituciones, una «buena dirección» y uno de los pilares fijados por Casado para el proyecto del PP.
La portavoz del PP en la Cámara Baja ha afirmado además que «Podemos no ha formado parte de este acuerdo» y que han negociado «única y exclusivamente con el PSOE, sin necesidad como no puede ser de otra manera del aval de nadie».
No obstante, algunas fuentes próximas a Podemos, sitúan en su órbita al vocal del Tribunal Constitucional Juan Ramón Sáez, y al del Tribunal de Cuentas Luis Antonio Ortiz de Mendívil Zorrilla.
Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha aplaudido el acuerdo y confía en cerrar «lo antes posible» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a hacerlo conforme al sistema de elección vigente. «Se ha demostrado que cuando hay voluntad y propósito de negociación se pueden alcanzar los objetivos», ha afirmado.
El objetivo ahora, ha añadido, es «avanzar» con la renovación del CGPJ «lo antes posible» para así «cumplir con el mandato constitucional» y «acabar con esta anomalía» en el órgano de gobierno de los jueces, pendiente de renovación desde diciembre de 2018.
«Queremos un poder judicial actualizado», ha añadido el portavoz socialista, que ha insistido en la voluntad del PSOE de renovar el CGPJ «conforme a la ley en vigor».
1 comentario
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Y que es pot esperar d'un TC on els seus llocs s'escolleixen en una subasta entre un partit que no ha comdemnat mai el franquisme i un altre que va ser el creador dels GAL ? On els seus integrants s'ecolleixen per les seves tendencies ideologiques ? Una justicia igual a la de Polonia, que no acata les decisions dels tribunals europeus. Esteim apanyats.