El Gobierno se abre ahora a realizar «cambios legales» para que las comunidades autónomas afronten la pandemia

Así lo ha expresado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publicada en el diario El País, en la que ha defendido que es «razonable que si hay disparidad de criterios» sea el Alto Tribunal el que «marque la pauta común». «¿Quién si no iba a hacerlo?», se ha preguntado.

Con todo, Campo ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de que el Ejecutivo realice modificaciones legales adicionales que sean propuestas a las Cortes, como ha pedido el Partido Popular, que solicitaba un plan jurídico alternativo ante el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo.

Asimismo, el titular de Justicia ha recordado que los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio. «Una posibilidad específicamente prevista» en la «legislación» que el Gobierno «ya se ha comprometido a apoyar», ha señalado.

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En esta línea, Campo ha dejado claro que hoy por hoy no hay «ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de los gobiernos autonómicos». «Lo que hay, simplemente, es una buena noticia. Salimos de la excepcionalidad, porque la situación sanitaria lo permite, y volvemos a normas ordinarias de nuestro Estado de derecho», ha sostenido.

Así, el ministro ha lamentado que la oposición haya «jugado en todos estos meses a la contra», utilizando «la pandemia como oportunidad para el ataque político permanente».

«Pero la irresponsabilidad y la deslealtad de la oposición no eximen de responsabilidad al Gobierno. El derecho de excepción solo debe permanecer el tiempo que resulte absolutamente imprescindible», ha añadido.

Con todo, y pese a abrirse a cambios legislativos, Campo ha insistido en que los presidentes autonómicos cuentan con «mecanismos suficientes» en el ordenamiento jurídico para afrontar «la fase de la pandemia» actual. «Esa normalidad pasa porque las autoridades vuelvan a ejercer, fuera ya del estado de alarma, sus competencias en salud pública», ha zanjado.