En el año 2019 en torno a 31.000 personas dependientes en España han fallecido sin recibir la prestación o el servicio que les correspondía, según denunciaba el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en una entrevista concedida a Europa Press.
«Impulsaremos la reducción drástica de las listas de espera en todo el territorio nacional con el objetivo de conseguir una disminución a largo de la legislatura de al menos un 75%. Esta inversión, que revierte los recortes llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular en 2012, permitirá además adaptar los servicios a los nuevos avances tecnológicos que, como la tele-asistencia avanzada, contribuirán a alargar más tiempo la vida autónoma de las personas», indican PSOE y Podemos.
Las personas que solicitan atención en aplicación de la Ley de Dependencia esperan una media de 426 días para la tramitación del expediente completo y en cuatro comunidades autónomas se superan los 18 meses: Canarias (785 días), Extremadura (675 días), Andalucía (621 días) y Cataluña (576 días). «Es un plazo absolutamente insoportable», subrayaba Ramírez.
En este contexto, PSOE y Unidas Podemos aseguran en el documento, recogido por Europa Press, «se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular».
A su juicio, la financiación debe de ser de carácter finalista, «a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y comunidades autónomas que se derogaron en 2012». Además, se realizará un estudio de las incompatibilidades entre las prestaciones del Sistema de Dependencia, «para eliminar aquellas que no hayan demostrado su utilidad».
Por otra parte, prometen aprobar la Estrategia frente a la Soledad no Deseada; así como elaborar un Programa de acreditación de calidad de Residencias de Mayores, en coordinación con las comunidades autónomas, que permita garantizar una atención digna a las personas mayores.
En relación con la discapacidad, PSOE y Podemos desarrollarán la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad visual y sordociegas, para «garantizar de manera efectiva sus derechos».
«Extenderemos a los menores de 18 con discapacidad las exenciones de copago previstas en la normativa actual», añaden las formaciones políticas en su acuerdo, en el que aseguran que mejorarán el sistema de prestaciones por material ortoprotésico para las personas con discapacidad que lo requieran.
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