Según han asegurado fuentes judiciales, José Roselló y Victoria García declararon ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 que David Serrano no les dijo que hubiera un pozo en las condiciones en las que se encontraba y la madre llegó a manifestar a la magistrada que, «si llega a saber que había un pozo abierto, cojo a mi niño y me voy».
El padre de Julen explicó a la magistrada que en un determinado momento, David Serrano, cuando ya estaban en la finca cogiendo leña para el fuego con el que iban a preparar la paella, sí le previno de que había varios pozos en el terreno, pero que la prospección que vio estaba bien tapada y ello le tranquilizó.
Además, también desconocían la ubicación y la profundidad del mismo, y José Roselló llegó a reconocer ante la jueza que bien tapado no debía de estar cuando su hijo se cayó por él.
La semana pasada, la pareja del dueño del terreno también dijo a la instructora que no fue advertida del peligro en el vehículo, pero que no descartaba que tapara el pozo porque su novio era muy perfeccionista.
David Serrano es la única persona acusada de un homidicio imprudente y durante su declaración aseguró que tapó la prospección con dos bloques de hormigón poco antes de que cayera el niño por el sondeo, pero ni los padres de Julen ni la pareja del propio Serrano han confirmado que estuviera bien tapado.
Serrano mantiene que valoró el peligro y por ello puso dos bloques de hormigón, pero en ningún caso pensó que alguien pudiera caer.
La instructora del caso ha citado a una docena de testigos y el próximo 12 de marzo está previsto que declaren en calidad de testigos el pocero y el operario que hizo una zanja, entre otros.
El cuerpo de Julen fue encontrado la madrugada del pasado 26 de enero, tras trece días de búsqueda después de que cayera a un pozo de unos 25 centímetros de diámetro y más de 70 metros de profundidad.
Todas estas declaraciones se producen después de que la Fiscalía las solicitara a la magistrada instructora tras estudiar las diligencias de investigación aportadas por la Guardia Civil con el fin de «depurar, si es que las hubiere, las responsabilidades penales de las personas intervinientes».
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