La Audiencia de Madrid procesa al PP por los ordenadores de Bárcenas

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento del PP, de su tesorera y de varios asesores legales por los presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento en relación a la inutilización de los discos duros de los ordenadores usados por Bárcenas en la sede nacional de la formación política.

En declaraciones en el Congreso, Martínez-Maíllo ha transmitido, además del «respeto» del PP hacia las resoluciones judiciales, su absoluto convencimiento de que el procedimiento «acabará bien», y ha asegurado que no hubo comportamiento «que pueda ser juzgado de irregular o penalmente reprochable» para ningún miembro del Partido Popular, tal y como sostiene la Fiscalía.

El dirigente de este partido ha subrayado que en este caso, que según él ha sufrido «muchos vaivenes», la Fiscalía no acusa y lo están impulsando, tras haber sido archivado, «dos clásicos de las acusaciones populares», en referencia a Izquierda Unida y a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Fernando Martínez-Maíllo ha aprovechado para recordar que este mismo martes declaró ante la Comisión de Partidos Políticos del Senado el abogado de esta asociación Manuel Benítez de Lugo, en un interrogatorio que a su juicio «demostró su complicidad» con el PSOE, partido al que los populares acusan de utilizar a ADADE para emprender acciones judiciales dirigidas contra el PP.

«No son acusaciones populares que tienen como objetivo fundamental mirar por el interés general y la justicia, no, son intereses de parte, de parte política», ha remarcado Maíllo, quien ha aludido a la «necesidad imperiosa» de regular la figura de la acción popular porque «está siendo utilizada perversamente para fines exclusivamente políticos y no para hacer justicia».

Al ser preguntado si es cierto que los discos duros que usaba Bárcenas fueron destruidos, se ha limitado a señalar que desde el PP «estaremos a lo que decida la Audiencia Provincial» y ha insistido en remarcar su «plena confianza» en las personas del partido implicadas en este procedimiento.