El Consejo de Ministros aprobó el viernes agilizar la entrada en vigor de la Ley de multipropiedad, que transpone un conjunto de normativas para ampliar la protección de los consumidores y adapta el ordenamiento español a la nueva norma europea, evitando así sanciones administrativas por parte de la UE.
"Su tramitación se abrirá como proyecto de Ley para la aportación por parte de los distintos grupos parlamentarios, pero mediante un decreto ley con carácter de urgencia para evitar la sanción comunitaria", incidió la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.
La Comisión Europea expedientó a España en septiembre de 2011, junto a otros países como Polonia, Eslovenia y Lituania, por no aplicar la nueva norma de la UE que protege a los usuarios de apartamientos turísticos de uso compartido por turnos, una vez que el plazo para hacerlo expiró en febrero del año pasado. En junio, el Gobierno de José Luis Zapatero aprobó el informe del anteproyecto para adaptar la norma a la legislación europea.
Sáez de Santamaría explicó que en el ordenamiento español en vigor "faltaba información y las condiciones no estaban claras". Ahora se ampliará el plazo para desvincularse del contrato a 14 días y no se tendrá que hacer un pago por anticipado.
Además, la duración mínima del contrato será de un año y no de tres, como en la legislación anterior. "Se prueba un año y si no se está convencido se puede rescindir", aclaró.
De esta forma, subrayó la vicepresidenta, "se da un marco de confianza para los usuarios y para la empresa de este uso por turnos para que pueda conocerse mejor lo que implica el contrato, los beneficios del mismo, y con un marco legislativo más adecuado para proteger a los usuarios y promover actividades económicas de esta naturaleza".
Se trata en definitiva de propiciar un "alivio burocrático, evitar operaciones lastres y proteger los derechos de trabajadores y de accionistas minoritarios" para que los trámites sean "más ágiles".
NUEVA NORMA EUROPEA.
La norma incorpora una directiva comunitaria de 2008 y deroga la de 1994, que recogía exclusivamente el contrato de adquisición de un derecho de utilización de uno o más inmuebles en régimen de tiempo compartido.
La nueva directiva europea se basa en la aparición de nuevos productos vacacionales y refuerza la información al consumidor; regula los plazos de ejercicio del derecho de desistimiento; amplía la prohibición de pago de anticipos durante el plazo de ejercicio del tal derecho y exige un calendario de pagos para los contratos de larga duración. También determina la ineficacia de determinados préstamos de financiación para el caso de desistimiento.
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