El Gobierno aprobó ayer un plan de choque para anticipar a este año el aumento del empleo a través de la contratación a tiempo parcial, que apenas tendrá coste para las empresas que ocupen a jóvenes y parados de larga duración, al tiempo que mantiene la protección a los desempleados sin prestación.
El decreto ley, que hoy publicar el Boletín Oficial del Estado (BOE), desarrolla cuatro programas dirigidos al fomento de la contratación estable, a la recualificación de quienes agoten sus prestaciones y a combinar acciones de orientación y formación.
El plan de choque para la empleabilidad de los jóvenes de hasta 30 años de edad y para los parados de larga duración tendrá una vigencia de 12 meses.
Durante ese tiempo, las empresas que contraten a esas personas y que tengan menos de 250 empleados no cotizarán nada por ellas a la Seguridad Social, mientras que las que superen esa plantilla sólo abonarán el 25 % de la cotización.
Según el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el coste global que tendrán esas bonificaciones a la Seguridad Social será de 23,5 millones por cada 10.000 contratos que se hagan.
De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, la Seguridad Social dejará de ingresar unos 262 euros al mes por cada contrato a tiempo parcial realizado.
No obstante, Gómez precisó que esa falta de ingresos se compensará con las prestaciones por desempleo que se les dejarán de pagar una vez que abandonen las listas del paro.
La norma establece que esos contratos a tiempo parcial (entre el 50 y el 75 % de jornada a tiempo completo) tendrán que tener una duración mínima de seis meses o bien ser indefinidos.
Además, sólo podrán hacerlos empresas para las que suponga un incremento de plantilla. Al respecto, el ministro precisó que se ha excluido a las que hayan despedido gente para evitar que utilicen el contrato a tiempo parcial como instrumento de sustitución de los trabajadores más antiguos.
Si las empresas deciden transformar en indefinidos esos contratos temporales a tiempo parcial podrán acogerse además a las bonificaciones que fija la reforma laboral para las conversiones y que son de entre 700 y 1.500 euros por año, para un período de entre 3 a 4 ejercicios, según el ministro de Trabajo.
En cuanto a la nueva ayuda de 400 euros estará en vigor 6 meses, tendrá un coste para el Estado de 400 millones de euros y la previsión del ministro es que cada mes la reciban de media unos 80.000 desempleados.
Esos 400 millones no supondrán que se supere el techo de gasto que se ha fijado el Gobierno para este año en los Presupuestos Generales del Estado.
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