El ministerio ha argumentado que esta medida es necesaria para alinear las políticas de regulación del mercado interno, de modo tal que se lleve a cabo una desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor.
Las resoluciones actuales vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones relacionadas, en base al estado actual de la economía en general, se ha demostrado que no sirvieron a los fines que fueron dictadas, según ha explicado el Gobierno.
Este extremo es «de público y notorio conocimiento», ya que se conoce que «han importado un enorme dispendio de jurisdicción administrativa, utilizando ingentes recursos humanos y materiales que no han generado resultados positivos». Por este motivo, y por razones de «oportunidad, mérito y conveniencia» en el contexto señalado, el Gobierno ha dispuesto la derogación de la normativa que integra esta medida, a efectos de coadyuvar a un nuevo ordenamiento de las resoluciones y disposiciones reglamentarias que atañen al comercio interior «más simple, menos burocrático y más transparente».
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