El Supremo de EEUU avala llevar armas en público

El caso nace de una demanda interpuesta por dos particulares, Robert Nash y Brandon Koch, y la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York, una filial de la Asociación Nacional del Rifle. La acusación demandó al estado de Nueva York por prohibir portar armas de fuego en público, pese a que permite a sus residentes llevarlas ocultas en la calle con una autorización especial si alegan una necesidad específica de autodefensa. Una vez más, se impuso el criterio de los seis jueces conservadores del tribunal - tres de ellos nominados por el expresidente Donald Trump (2017-2021)- frente al de los tres progresistas. El magistrado que redactó el fallo, el conservador Clarence Thomas, argumentó que el derecho a portar armas en público para la autodefensa «no es un derecho de segunda clase». En ese sentido, consideró que si para ejercer la libertad de expresión no se requiere demostrar a las autoridades «necesidades especiales», tampoco se necesita hacerlo para llevar armas en público. Por su parte, en una opinión de disenso, el juez progresista Stephen Breyer, recurrió a los recientes tiroteos, como la masacre en el colegio de Uvalde (Texas), para advertir de los peligros de expandir los derechos de posesión de armas de fuego. Y criticó que sus colegas conservadores no tengan en cuenta «las posibles consecuencias letales de su decisión». La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, consideró «indignante» e «imprudente» el fallo, que además puede tener implicaciones en otros siete estados con leyes similares: California, Delaware, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island. Por su parte, el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, lamentó en un comunicado que «el fallo de hoy comportará más muertes y más dolor en un país ya inundado por la violencia de las armas».

La sentencia se produce mientras el país debate de nuevo sobre la Segunda Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a la posesión de armas, tras los recientes tiroteos. El 24 de mayo, el joven de 18 años Salvador Ramos irrumpió en un colegio de primaria de Uvalde (Texas) con un fusil comprado legalmente y mató a 19 niños y dos profesoras, en el tiroteo más mortífero registrado en el país en diez años. Días antes, el 14 de mayo, un hombre blanco perpetró un crimen racista cuando entró armado en un supermercado de un barrio de mayoría negra en Búfalo (estado de Nueva York) y mató a diez personas. Los demócratas abogan por prohibir la venta de rifles de asalto y revisar los antecedentes de los compradores de armas, mientras los republicanos se oponen y afirman que los tiroteos deben ser abordados como un tema de salud mental. Sin embargo, un grupo de senadores de ambos partidos llegó a un acuerdo para aprobar una legislación con medidas de mínimos para controlar las armas, que incluyen la confiscación de armamento a personas que sean consideradas un peligro. Esa iniciativa superó este jueves un voto de procedimiento y podría ser aprobada antes del fin de semana en el Senado, aunque todavía quedaría que sea considerada por la Cámara Baja. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schummer, afirmó este jueves en el hemiciclo que la propuesta se aprobará «tan pronto sea posible» y defendió que será «la mayor iniciativa de control de armas de los últimos 30 años». Mientras, el líder de la minoría republicana en esa cámara, Mitch McConnell, celebró que la medida permitirá tener «escuelas más seguras» y a la vez «proteger la Segunda Enmienda».