Veterinarios de toda España se preparan para la protesta del 5 de marzo ante el Ministerio de Agricultura en Madrid. El sector se revuelve contra la normativa que, en transposición de un reglamento europeo, regula la prescripción y dispensación de medicamentos en las clínicas y, en concreto, restringe el uso de antibióticos en las consultas. Las empresas exigen la derogación de una norma que afirman les infravalora y puede poner en riesgo la salud de los animales que atienden, y el Colegio profesional pide una moratoria para la adaptación progresiva del colectivo a Presvet, el sistema informático central de control de la prescripción de antibióticos.
A los veterinarios se les obliga a comunicar y escalar el tratamiento con dichos fármacos, eso supone más carga burocrática pero también revela que las farmacias no están preparadas para asumir sus recetas. Solo el 2 por ciento de los medicamentos que prescriben están disponibles en las boticas.
Mientras tanto, pese a las llamadas a que no cunda la alarma, el grupo veterinario Adrisal ha documentado el primer fallecimiento de una mascota en Galicia, por el retraso en la llegada del cultivo que permitiera prescribirle un antibiótico para tratar la sepsis que, finalmente, acabó con su vida. El protocolo jugó en contra de la perrita Selva, la analítica llegó cuando había muerto.
A esta situación se suma el abuso de una asistencia sanitaria a los animales de compañía gravada con un 21 por ciento de IVA en lugar de tener un tipo reducido, dejando a muchas personas en encrucijadas dolorosas, por no poder asumir el precio de los tratamientos.
Hay razones para que el sector se movilice y, además, los tutores de mascotas tienen derecho a saber qué sucede con los medicamentos que pueden necesitar sus animales, máxime cuando existe una ley que dice velar por su bienestar y que no contempla ninguna deducción fiscal por ese IVA de escándalo para cuidar su salud.
