Como no encuentro por mí mismo respuesta a esa dana de andar denunciándose los unos a los otros a la primera de cambio, me veo en la necesidad de preguntarle a don Eugeniano Largaespada, persona docta en ese afán procesal que de hoz y coz tiene al personal en un sinvivir: nada hijo… que a la gente le ha dado por esa industria, todo y que es cosa sabida que para ir a un litigio hacen falta tres sacos, a saber: un saco de papeles, un saco de dinero y un saco de paciencia. Fíjense, aunque no hace falta entretenerse mucho, en ese asunto del novio de la presidenta, la presidenta y su jefe de gabinete que, desde como yo lo veo y a tenor de lo publicado en prensa, ha montado un totum revolutum de no te menees. Los representantes legales del novio de la presidenta han demandado ya a quince personas entre periodistas y políticos por calificar a la pareja de la presidenta como defraudador. Da la sensación que demandar a un paisano sea cosa tan sencilla como echar una saliva al suelo. Entre la familia política también abundan las denuncias y las citaciones para que un juez estime o no si eso va pa’lante. Fíjense con lo que lleva ya de hilo suelto la madeja del caso Begoña, señora del presidente del gobierno, y ¿qué me dicen de la imputación del Fiscal General del Estado? Un caso verdaderamente extraordinario, a no ser que se nos haga memoria que aquí nadie está por encima de la ley. O esa otra aseveración que afirma que «todos somos iguales ante la ley». Que el juez del Supremo cite como imputado, nada más y nada menos, que al Fiscal General del Estado, indica que sí, que todos somos carne imputable y ya puestos, además, también se imputa a otro cargo de la fiscalía, Diego Vifañe. Las imputaciones de cargos políticos que luego han terminado en agua de borrajas, son innombrables. Les pongo simplemente algún ejemplo: la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, que tras dos años de infamia, fue declarada inocente pero ya su carrera política estaba arrasada, ¿alguien ha pagado por ello?, pues mire usted, no. Caso José Blanco, imputado desde 2011 hasta mediados de 2013; el propio tribunal lo archivó en el caso conocido como «Campeón». El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, imputado por prevaricación; su causa fue archivada por el Supremo.
