La Guardia Civil lleva años sin servicio marítimo con base permanente en la Isla, no ya en la temporada baja, que sería hasta cierto punto comprensible, sino tampoco en los meses de mayor tráfico náutico alrededor del perímetro insular.
El Instituto Armado, con una extensa relación de cometidos y unidades especialistas para velar por la seguridad ciudadana por tierra, mar y aire, paradójicamente no tiene presencia marítima fija en un territorio insular como el menorquín, rodeado por agua y en el que progresivamente aumenta la presión sobre la costa por el crecimiento nada sostenible del número de embarcaciones que la recorren.
Hace un tiempo la Comandancia de Balears destinaba una lancha con un capitán y un par de agentes durante los meses de julio y agosto, o al menos en uno de ellos. La motora rápida tenía su base en el puerto de Maó y operaba en tareas preventivas y de control, de gran trascendencia por el respeto que genera el distintivo de la Benemérita en cualquier circunstancia. Ahora esa cobertura se hace desde Mallorca, a distancia, con una vigilancia itinerante que no puede ser diaria ni constante. El tiempo de reacción, por razones obvias, para desplazar la embarcación desde la otra Isla a esta en un caso urgente no es el más aconsejable.
Ante esta anomalía, el anuncio del Govern, que ha proyectado el senador por Menorca, Cristóbal Marqués, del mismo color político, es que los guardias civiles tendrán a su disposición alguna de las 22 lanchas que el Ejecutivo balear ha adquirido para un mejor control y vigilancia del litoral balear.
No se sabe cuántas embarcaciones se destinarán a cada Isla ni cuál será el protocolo y el personal para su utilización. Más complejo resulta, entonces, saber cómo hará la Guardia Civil para tomar una de estas barcas cuando sea necesario, o bien si la tendrá a su cargo durante el periodo estival. De no ser así, la medida parece más un brindis al sol muy alejado de los recursos propios que debería volver a tener el servicio marítimo de la Benemérita en Menorca.
