El balance económico de 1977-1979, en su conjunto, fue positivo para España, aunque se pagó el coste del paro creciente; no hubo políticas efectivas de empleo; por contrapartida, los gobiernos, 1978-1979, pusieron en marcha y arrancaron el sistema moderno de relaciones industriales, negociando con las partes implicadas, tanto de patrones como de sindicatos, sobre todo, con UGT, aprobándose el Estatuto de los Trabajadores. Después de los Pactos de la Moncloa, Comisiones Obreras estuvieron remisas y apenas colaboraron con el gobierno.
Los años de 1979-1980 fueron de crisis económica interna e internacional; y también se disparó la crisis política, rompiéndose el consenso entre gobierno y oposición. Se inició un ataque sistemático a Adolfo Suárez por parte de miembros de su partido UCD, que no entraron en el gobierno, tanto social demócratas como demócrata-cristianos; y que algunos se integrarían en el PSOE y otros en Alianza Popular; el resultado fue que, como injerencia intermedia, efectivamente, se puso fin a la carrera política de Fernando Abril, primer blanco infundado de la crítica, brazo derecho del presidente Adolfo Suárez.
Los factores de la crisis económica española fueron de carácter estructural y también de aquellos derivados de la política practicada desde 1973-1974.
Los factores de carácter estructural fueron los siguientes: 1) la estructura industrial española no permitía un aumento exportador y de producción para nivelar un crecimiento industrial y general suficiente. Los sectores industriales fueron los que más padecieron la crisis; y se acusó la carencia tradicional de tecnología autóctona, especialmente en sectores punta, que en los países desarrollados era un instrumento anticíclico. 2) El sistema financiero español tenía deficiencias y lagunas para financiar a medio y largo plazo la industria española en el marco de la crisis económica desde 1974, de la integración económica internacional y de la situación política en España. Desde 1977 hubo reformas en el sistema financiero español. Así, hubo una progresiva liberalización de los tipos de interés; una paulatina reducción de los coeficientes de inversión obligatoria; la homogeneización de las diferentes entidades financieras (cajas de ahorro y banca privada); y, entre otras, la entrada de bancos extranjeros. Los objetivos eran: elevar la flexibilidad y la transparencia de las operaciones de crédito; establecer medios para una utilización efectiva de la política monetaria; canalizar recursos financieros hacia plazos más largos para subsanar problemas de financiación empresarial. Y 3) Los costes de la Seguridad Social crecieron enormemente durante el decenio de 1970, generando un aumento de coste del factor trabajo, cuando precisamente había mayor oferta laboral. En 1970, las cotizaciones de la Seguridad Social suponían un 6,4 por 100 del PIB y en 1979-1980 eran un 11 por 100, porcentaje mayor al porcentaje medio de los países de la OCDE (6 por 100 en 1978), sobre todo en la parte que correspondía a los empresarios (9 por 100). La consecuencia fue que aumentó la presión fiscal, que se concentró en la Seguridad Social y en el alza de los costes empresariales. Los presupuestos de la Seguridad Social llegaron a ser parecidos a los del Estado y éste tenía una fiscalidad comparativa muy baja. En 1978 se inició la política de financiar la Seguridad Social con cargo al presupuesto del Estado de modo creciente, lo cual dio lugar a un mayor déficit de las administraciones públicas.
Las consecuencias de la política económica desde 1973-1974 fueron: 1) retraso en la percepción de la gravedad y duración de la crisis. 2) La política económica inadaptada debida a factores extraeconómicos, tuvo efectos: a) incremento excepcional de los salarios; b) caída apreciable del excedente empresarial y c) descenso de la competencia de las exportaciones españolas. Y 3) Los desequilibrios de precios y de Balanza de Pagos en 1977 exigieron una fuerte devaluación de la peseta y la aplicación práctica de un plan de estabilización. «Esta situación impidió a la economía española sacar provecho de la recuperación económica mundial entré 1976 y 1979 (Dirección general de Política Económica y Previsión 1981, 29-36).
La política 1979-1980 fue básicamente correcta;. pero no pudo mermar los efectos sociales de la crisis económica, particularmente el paro creciente. Aumentó el empleo estatal; pero generó gran incremento de gasto público; no resolvió los problemas de las empresas públicas; sin embargo, fueron relativamente enderezados los desequilibrios monetarios y comerciales, tanto en el plano doméstico, como en el exterior; con todo, dejó de crecer el PIB, registrándose, análogamente a otros países, el estancamiento económico con la inflación.
En aquellos años, sin las perturbaciones políticas internas, el resultado económico global hubiese sido menos negativo con un ritmo menor de desempleo, siendo éste el punto más débil en años sucesivos. El del sector público, con incremento de gastos corrientes y con déficit creciente.
La relativa rigidez de la demanda exterior del turismo pudo paliar la caída de la Relación de Intercambio española, acentuada por la crisis del petróleo, que España acusó por su condición de país importador de fuel. Con todo, el balance de la economía española fue mediocre. Aunque se redujeron desequilibrios se acentuó el del sector público. Aumentó notablemente el paro y hasta 1981 no hubo una caída significativa en el consumo energético. No obstante, una combinación de medidas coyunturales monetarias con otras de carácter estructural permitió que este país hiciera frente a la crisis y que pocos años más tarde entrara como miembro de pleno derecho en la Unión Europea, lo cual sí marcó el despegue de la economía política en España.
