Por la Biblia y el Libro de los Jueces ya sabíamos algo del asunto, pero si no recuerdo mal fue este verano cuando tras algunas notables fricciones entre el poder judicial y el legislativo y ejecutivo, se empezó a hablar en la prensa de juristocracia (el filósofo Daniel Innerarity hizo un artículo con ese título) para referirse al teórico gobierno de los jueces en España, que a algunos les parecían bastante más independientes que imparciales. Cosas de la judicialización abusiva y enfermiza de la política, que ya venía de lejos.
Ahora llevamos una semana estupefactos por la magnitud histórica del caso del fiscal general del Estado encausado por el Tribunal Supremo a instancias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, discutiendo a gritos si debía haber dimitido en el acto o no. Claro está, hay dictámenes para todos los gustos, todos acordes con nuestro ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que después del interrogatorio a bombo y platillo del presidente del Gobierno en la Moncloa por el juez Peinado, a fin de determinar judicialmente si su esposa era su esposa, y la inmediata filtración a los medios de tamaña efemérides jurídica, todos comprendimos que cualquier cosa era ya posible, y no solo posible, sino muy probable. Así, sobre un fondo en el que se recusan a pares magistrados del Tribunal Constitucional (no descarto que todos acaben recusados), estalló el caso del Fiscal General por presunta filtración de documentos según el Tribunal Supremo (y la presidenta de Madrid, que no deja de gallear), lo que le convierte en un caso Supremo en las varias acepciones del término.
Aquí no somos nadie para hablar de juristocracia, pero si nos asaltaba la impresión de tener una judicatura de autor, es decir, muy independiente y creativa (como el cine de autor), una vez refrendada por el Supremo ya excede nuestra capacidad de juicio. ¿Es un caso Fiscal General o es un caso Supremo? ¿O ambas cosas? Puesto que ningún juez interrogó a Rajoy en la Moncloa, tampoco a Aznar, y si como han repetido varios sagaces analistas todos los fiscales generales habrían acabado procesados de haberles aplicado tales medidas jurídicas, para mí que además del caso Fiscal hay caso Supremo. Como en EEUU, por cierto. ¿Y entonces qué? Ah, ni idea. En el Libro de los Jueces no lo pone.
