En 1974 comenzó en España una política monetaria moderna y se puso en marcha la liberalización del sistema financiero, que no culminaría hasta la entrada de este país en la CEE; pero en 1978 experimentaría notables mejoras en aquella línea, facilitando la entrada de la banca extranjera en España. En cuanto al comercio exterior en 1973, el comercio libre suponía el 80,4 por ciento y la tarifa arancelaria era de 8,3 por ciento; naturalmente creció el peso del sector exterior en el PIB. En 1977, los problemas más graves de la economía española serían la inflación y el crecimiento del desempleo; por otro lado, los empresarios, a igual que los trabajadores, necesitaban un cauce institucional para dirimir los conflictos laborables.
Las medidas restrictivas necesarias para corregir la crisis económica del petróleo pudieron poner en peligro la transición política. Los Acuerdos de la Moncloa, pactados por las distintas fuerzas políticas en octubre de 1977, facilitarían el consenso y la aprobación de la Constitución española de 1978. En 1977 para abordar los problemas económicos era necesario un cambio institucional que introdujera además de las libertades políticas (partidos, parlamento, prensa libre), también la libre sindicación y que se institucionalizaran las relaciones laborales.
Los principales problemas de la economía eran: 1) la rigidez del sistema en lo financiero, en las relaciones laborables y en los precios; 2) se heredó un sistema de la Seguridad Social insuficiente; 3) así como un orden fiscal también limitado y no equitativo; 4) el sistema sindical no era legítimamente representativo; y 5) la política energética e industrial no se adaptaba a la crisis económica del petróleo.
En España, el empleo total cayó después de la crisis energética de 1974, y de modo acelerado, desde la segunda mitad de 1977. El descenso acumulado fue del 12 por ciento; y de 1974 a 1980 se perdieron 1.400.000 puestos de trabajo. Los parados a finales de 1980 eran 1.600.000, el 13 por ciento de la población activa, porcentaje que era el doble del registrado en la OCDE. Los precios al consumo crecieron en España, como media del conjunto de este periodo, a un ritmo anual algo superior al 18 por ciento y en la OCDE fue del 11,5 por ciento; mientras el desequilibrio exterior de la Balanza por cuenta corriente fue mayor en términos relativos al de la mayor parte de los países occidentales.
El 5 de diciembre de 1976, el Gobierno autorizó la celebración del XXVIII Congreso del PSOE, que era el primero que se celebraba en España desde 1932. El 27 de noviembre de 1976, todas las fuerzas políticas y sindicales habían establecido sus condiciones para su participación en el referéndum de la Ley de Reforma Política y en las elecciones para las Cortes Constituyentes, donde se insistió en la legalización previa de todos los partidos políticos y sindicatos, además de la disolución del Movimiento, amplia amnistía política y otros extremos.
ETA respondió con atentados y su extremismo nunca vio bien el reformismo del Gobierno, y el 1 de diciembre, el GRAPO secuestró a Antonio María Oriol, presidente del Consejo de Estado. El referéndum de la Ley de Reforma Política contó con una participación del 77,4 por ciento en el conjunto de España; pero en Vizcaya la abstención fue del 48 por ciento y en Guipúzcoa del 55 por ciento. Ya vigente la ley (4 de enero de 1977), la oposición democrática acudió directamente, el 11 de enero de 1977, a la Moncloa para tratar de la legalización de los partidos políticos. El resultado de estas conversaciones fue la Ley de 8 de febrero de 1977, que otorgó las normas de Registro de los Partidos Políticos.
El lunes, 23 de enero, comenzó una semana trágica, con dos estudiantes muertos, el secuestro del general Emilio Villaescusa, el asesinato de la calle Atocha, el entierro de los abogados y otros sucesos. Finalmente, las personalidades que permanecieron secuestradas, señores Oriol y Villaescusa, fueron, por fortuna, liberados a mediados de febrero por la policía.
La Ley de Reforma Política consolidó también la libertad sindical y derogó el Fuero del Trabajo. El 30 de marzo, las Cortes aprobaron una nueva Ley Sindical. Los días 7 y 8 de abril (Semana Santa) se quitaron los emblemas de Movimiento de todos los pueblos y ciudades de España; y al día siguiente se legalizó el PCE. El 1 de abril se había decretado la extinción de la Secretaría General y del Consejo Nacional. Ya desde el 8 de octubre de 1976 se había iniciado un proceso de absorción de los funcionarios y del patrimonio de la Organización Sindical por el Estado, que culminaría en 1978. Un Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977 sobre relaciones laborales reguló el derecho de huelga y otros extremos; y el 1 de abril se dispuso una Ley sindical que permitió la legalización de CCOO, UGT, USO y el resto de los sindicatos (J. Hernández Andreu, 2004).
En Menorca, después de las elecciones constituyentes y conforme la convocatoria de Guillermo de Olives, Senador por la Isla, el 10 de julio de 1977, se reunieron los representantes de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en lo que se denominó «Pacto del Toro». Destacó la contribución menorquina para que los partidos parlamentarios de Baleares acordaran aprobar un Estatuto de Autonomía, que otorgara a los «Consells Insulars» función gubernamental decisiva en cada isla.
