El entrecomillado del título lo hemos aplicado a los impuestos. Pero, en su originalidad, se adjudicó a la inversión: una ‘ave fugitiva’, según John Maynard Keynes. Nos sirve a colación de lo que acontece en diferentes panoramas políticos sobre la asunción de la política tributaria. Los impuestos –que pueden anteceder a las inversiones en el sector público– suelen ser, en efecto, aves fugitivas: se capturan en un momento dado, se alimentan, y pueden nutrir a un entorno determinado… pero igualmente pueden ser liberadas, es decir, eludir su utilidad práctica, su aplicabilidad. El vuelo –su desaparición– hace inviable cualquier resolución efectiva.
En tal sentido, fijémonos cómo esa ave capturada que ha sido el Impuesto Turístico (denominado ‘ecotasa’, sin que lo sea) se pretende engrandecer en un tramo específico. La decisión ha supuesto la irascible respuesta empresarial, desde el ámbito turístico, con argumentaciones en parte razonables y en parte poco convincentes. Las primeras: la necesidad de estudios –en este caso son necesarios; en otros, no tanto– para evaluar el posible impacto de la medida, es decir, la subida del impuesto en temporada estival y su reducción en otras. Al mismo tiempo, la crítica a que el gravamen no va a afectar o lo hará poco a ofertas distintas a las hoteleras. Las segundas: cierta obligatoriedad en consultar a los empresarios lo que se piensa hacer en política tributaria (incluso en otras). Si el objetivo de la presidenta de la comunidad era sorprender, lo ha conseguido, a fuerza de omitir una información que, por lo que ha trascendido en los medios, los empresarios le exigieron que les comunicara desde el minuto uno de la llegada al Consolat. Sorpresa mayúscula, que se ha engrandecido con el fuego declarativo empresarial.
Los argumentos hoteleros, en sus vertientes más razonables, remiten a un tema clave: la aplicación del tributo en todas las entradas a Balears. Es decir, la aquiescencia de aeropuertos y puertos. Pero deberían recordar que, cuando esto se propuso en la primera edición del impuesto, durante el gobierno del presidente Antich, la oposición empresarial, también a esto, fue tremenda. En síntesis: nada de impuestos, aunque éstos puedan servir para paliar los impactos de la actividad que se está desarrollando. Aunque los recursos que se recauden mejoren los servicios públicos. Se obtengan donde se obtengan. Aquí estriba uno de los problemas centrales en la política económica actual, no solo en Balears, sino en buena parte de las economías avanzadas. En éstas existen acuerdos sólidos en la necesidad de gravar más a las rentas altas e, igualmente, a las actividades económicas que generen externalidades negativas. Incluso se está viendo esto en los planteamientos de gobiernos conservadores como el que se acaba de inaugurar en Francia; o en gobiernos regionales en Italia –como el del Véneto–, con incrementos de tasas turísticas.
Una vez más, la ira fiscal se desata en las islas, ante un anuncio que, seguramente, ya asusta al propio Ejecutivo que lo ha propuesto. La munición dialéctica de sus aliados empresariales ha sido fulminante. Se augura un corto recorrido.
