Hoy les hablaré de ETA, Bildu y la política de cesiones bajo los gobiernos de Zapatero y Sánchez. Veamos:
En España en general y en el País Vasco en particular, los silencios a veces pesan más que las palabras. ETA ya no mata, pero su legado sigue siendo un campo de batalla político en España. Las relaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la izquierda abertzale, el entorno político que históricamente arropó a la organización terrorista, han sido objeto de escrutinio constante desde los primeros intentos de diálogo hasta los acuerdos parlamentarios más recientes, para hacer presidente a Pedro Sánchez.
Desde el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero hasta la actual presidencia de Pedro Sánchez, la política española ha transitado por un camino lleno de equilibrios precarios. Las cesiones al entorno de ETA, representado hoy por EH Bildu, han sido constantes, y tanto el PP como las asociaciones de víctimas del terrorismo, ha si lo han acusado y manifestado. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido? ¿Cuáles son las claves de esta relación tan controvertida?
El punto de inflexión tenemos que buscarlo con el primer gobierno de Zapatero y el diálogo con ETA. Así pues, corría el año 2006 cuando José Luís Rodríguez Zapatero anunció uno de los movimientos más indignos y perversos de su mandato: la apertura de un proceso de diálogo con ETA, tras el anuncio de un alto el fuego permanente por parte de la organización. Zapatero, fiel a su idea de que el diálogo podría desactivar décadas de violencia, apostó por una negociación que buscaba terminar con el «conflicto armado». La realidad es que en el País Vasco y en España no había un «conflicto armado», lo que existía era unos asesinos armados, ETA, y un pueblo que sufría y ponía cadáveres sobre la mesa.
Ello provocó que la apuesta del gobierno socialista generara una tormenta política. Mientras, el Partido Popular y de nuevo las víctimas del terrorismo denunciaban el riesgo de «legitimar» una banda que seguía armada. No obstante ello, Zapatero defendía su postura con una convicción imperturbable. La tregua se rompió bruscamente en diciembre de 2006, con el atentado en el Aeropuerto de Barajas, que dejó dos muertos bajo los escombros de la Terminal 4. La esperanza de la mal llamada «paz» se evaporó entre los gritos de una sociedad que no estaba dispuesta a permitir concesiones sin garantías.
Aun así, un paso simbólico marcó el final del mandato de Zapatero: la legalización de Bildu en 2011. Esta nueva coalición, heredera del ilegalizado entorno de Batasuna, fue permitida por el Tribunal Constitucional para participar en las elecciones. Aunque no fue una decisión directa del gobierno, la legalización de Bildu hay que interpretarla como una forma de integrar a la izquierda abertzale en la política institucional. Para muchos, aquello no fue una cesión más sino una traición con toda regla a cientos de víctimas y sus familias, que habían sufrido el zarpazo de la banda criminal ETA.
En 2018 el escenario político cambió tras el anuncio de la disolución de ETA, pero el fantasma de la banda armada siguió presente. Cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia, las alianzas parlamentarias se convirtieron en un recurso esencial para mantener la supuesta estabilidad de su gobierno y así Sánchez seguir sentado en La Moncloa. Es en ese contexto que EH Bildu emergió como un actor inesperado y básico en la política nacional.
Tanto es así, que el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales de 2020 y 2021 fue un punto de inflexión. Así fue como el terrorista y líder abertzale Arnaldo Otegi anunció públicamente su respaldo a Sánchez. Las víctimas de ETA y el Partido Popular, acusaron al presidente de «blanquear» a quienes nunca habían condenado con claridad los crímenes de ETA. Hoy nos seguimos preguntando: ¿Había cedido Sánchez a Bildu a cambio de unos votos? ¿O se trataba de una estrategia política pragmática?
Personalmente, opino que ambas cosas a la vez. No olvidemos que uno de los aspectos más criticados, turbios y oscuros ha sido la política penitenciaria bajo el Gobierno de Sánchez. También el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. La desvergüenza se da cuando el gobierno lo justifica como parte del proceso normal de reintegración de los terroristas, tras el cese de la violencia.
Para las asociaciones de víctimas del terrorismo, y yo me sumo a ello, lo que está haciendo el Gobierno Sánchez, con la complicidad del PNV entre otros, es simple y llanamente una traición, ya que no se ha producido un arrepentimiento claro por parte de los presos, ni de EH Bildu.
Hoy lo grave es que los dos últimos gobiernos socialistas se han caracterizado por blanquear la historia de ETA, con muchas de las decisiones tomadas por Zapatero y Sánchez, dando una imagen de rendición frente a los herederos de la banda asesina ETA
En definitiva, Bildu ha dejado de ser un actor marginal para convertirse en un socio preferente y clave, para el mantenimiento de Sánchez en La Moncloa, sin importarle, a este, la traición a los que sufrieron la violencia, muchos de ellos compañeros de suyos de partido.