De la extensa relación de informaciones a propósito de la crisis del agua en Maó durante la última semana, al ciudadano residente en la ciudad le preocupan especialmente dos cuestiones.
Por un lado, tener que ir y venir del supermercado a su casa, de nuevo, cargando las garrafas del líquido elemento con un coste que ya no es el mismo que había cuando se restableció la potabilidad del suministro hace pocos años -ha subido 21 céntimos la de 8 litros, por ejemplo-. Y por otro, que nadie del gobierno municipal ni de la empresa responsable definen, ni siquiera estiman, cuándo podremos volver a beber agua del grifo con total seguridad y evitar la incomodidad y los gastos añadidos a un servicio que ya pagamos.
En medio de estos dos asuntos capitales, porque en la práctica son los que facilitan o complican nuestro devenir diario, estamos asistiendo a los argumentos encadenados pero no suficientemente convincentes del equipo de gobierno municipal y a las críticas contundentes del resto de partidos que forman la Corporación. En este contexto, la dimisión de la concejal responsable, presentada ayer, era inevitable.
La crisis del agua ha brindado la ocasión que no han desaprovechado quienes fueran sus socios de gobierno en las dos legislaturas anteriores, Ara Maó, y el Partido Popular, para cargar contra la gestión de este caso y recordar la de otros marcados por la controversia.
Los populares, en un ejemplo de trabajo en la oposición, pusieron al descubierto la omisión de quienes tienen el encargo de velar por la seguridad de sus ciudadanos. En ese cometido, difícilmente caben razonamientos esgrimidos como las vacaciones del personal técnico o que no se revisara el programa de expedientes por el que llegó la comunicación de Hidrobal, fechada el 21 de agosto, en la que revelaba el exceso de nitratos que debía haber sido trasladado a la población de inmediato para frenar el consumo.
