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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se enfrenta a un escenario político cada vez más inestable, donde las derrotas parlamentarias son ya moneda corriente. La reciente votación fallida de la Ley de Vivienda es solo el último capítulo en una gestión marcada por la falta de apoyos y la inconsistencia en las decisiones. El presidente acudió al Congreso casi de urgencia para salvar una votación clave, pero su esfuerzo resultó inútil cuando Junts, uno de sus presuntos aliados, decidió votar en contra. A priori, este tipo de situaciones no debería sorprender: la coalición que permitió a Sánchez formar gobierno hace aguas desde hace tiempo. Sin embargo, su insistencia en agotar la legislatura demuestra más un afán de supervivencia política que una visión de futuro para el país.

Este gobierno, que se jacta de intervenir en favor de los más vulnerables, ha dejado un reguero de promesas incumplidas. Así lo expresó con claridad Joan Mesquida Mayans, diputado del PP, quien en el mismo Congreso reprochó al presidente el impacto devastador de su Ley de Vivienda. Según Mesquida, el intervencionismo de esta ley ha provocado la desaparición del 27% de la oferta de alquiler, y los precios no han hecho más que subir, registrando un aumento del 14%. La retórica vacía del presidente contrasta con la realidad del mercado inmobiliario, donde cada vez es más difícil acceder a una vivienda. Mesquida no se limitó a señalar los fallos, sino que también instó al Gobierno a rectificar y a permitir el avance de la Ley Antiokupación, bloqueada por el PSOE en su empeño por mantener un control desmedido sobre los precios.

Sánchez, en su habitual juego de equilibrios, parece más preocupado por gestionar el presente inmediato que por ofrecer soluciones de calado. La pregunta que queda en el aire es si este ejecutivo tiene aún la capacidad de gobernar o si, más bien, se dedica a administrar su supervivencia día a día. La promesa de las 184.000 viviendas públicas que el presidente lanzó durante la campaña electoral sigue siendo eso: una promesa. Como bien afirmó Mesquida, el acceso a la vivienda es uno de los problemas más acuciantes para los ciudadanos, y las políticas de este Gobierno solo han contribuido a empeorar la situación.

En conclusión, observamos lánguidamente un gobierno que gobierna in extremis, gestionando a corto plazo para intentar mantenerse en el poder hasta el último minuto. Cada derrota parlamentaria parece acercar el final de esta legislatura, que si bien se sostiene por un fino hilo, ya no cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria sólida. Mientras tanto, el presidente resiste, gobernando al día sin más objetivo que prolongar su permanencia, en un ejercicio de poder vacío y desprovisto de visión a largo plazo.