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Con este latinajo, cuyo significado es ‘la parte por el todo’, se designa una figura de la retórica clásica, definida como método para engañar al interlocutor al ofrecerle una parte de la información, provocando -aun de forma tácita- que piense que se trata de la información completa.

Debo aclarar que no es precisa una intencionalidad espuria o manipuladora del emisor, pero, desde luego, ese es el efecto causado.

La pasada semana, las agencias de información y diversos medios se hacían eco de un comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del ICAIB, ilustre institución de la que me precio de formar parte.
Las agencias señalaban que la citada comisión «se opone a la derogación de la ley de memoria». Sin embargo, algunos medios sintetizaron el titular -algo connatural a la actividad periodística- y lo redujeron a «El Colegio de Abogados se opone a la derogación de la ley de memoria». El problema es que lo primero es cierto y lo segundo completamente falso.

Ningún órgano democrático de gobierno del ICAIB -ni, por supuesto, su soberana asamblea general- ha emitido posicionamiento alguno con relación a la citada ley, probablemente porque no sea esa una función propia del Colegio, especialmente cuando hablamos de una cuestión de actualidad política sobre la que se interfiere sin necesidad alguna, a mi juicio. Fuera cual fuera la intención de los miembros de la comisión, la confusión generada entre la ciudadanía resulta inaceptable, porque ni yo ni muchos otros colegiados hemos sido jamás consultados al respecto y no resulta de recibo que se nos identifique con posiciones políticas que no hemos adoptado.

Conviene aclarar, al respecto, ciertos detalles. Las comisiones del ICAIB las conforman aquellos abogados que, sacrificando su escaso tiempo libre, desean, de manera completamente altruista, formar parte de ellas. Son, por tanto, de libre adscripción, lo que ya denota que son solo representativas de sus propios integrantes y de absolutamente nadie más. Tradicionalmente, han formado parte de la de DDHH algunos compañeros ligados activamente a organizaciones políticas de la izquierda, algo muy respetable, pero que conviene explicar para entender mejor determinados posicionamientos.

En general, las comisiones se limitan a elevar propuestas a la Junta de Gobierno, que será la que, si lo cree conveniente, adoptará decisiones al respecto y, si acaso, las hará públicas. Sin embargo, el ICAIB resolvió en 2012 que las comisiones de colegiados unidos por intereses específicos pueden realizar comunicados, siempre que se identifiquen como procedentes de la propia comisión y no del Colegio. No obstante, esto es algo que escapa completamente al control del ICAIB, porque una vez que un comunicado está en circulación son los medios los que le dan forma de noticia. Por tanto, esa prevención del ICAIB es completamente ineficaz, como se ha demostrado en este caso.

Algunos colegas me reenviaron indignados los enlaces de la noticia que aparecía en medios digitales. Para mayor confusión, el citado comunicado ni siquiera obra en la web colegial entre los emitidos por la citada comisión, lo que daba pábulo a que se trataba de un posicionamiento colegial, no siéndolo.
Esto, simplemente, merece ser corregido, y confío en que así sea.