No hallaremos un ejemplo más clarificador al respecto de la inutilidad que supone la multiplicación de organismos públicos sobre una misma gestión que el lamentable suceso de la playa de Cala en Porter, consecuencia directa de la tormenta colosal que azotó el centro de la Isla hace ya más de dos semanas.
Resulta que transcurrido ese tiempo, la playa, reclamo de una urbanización demasiadas veces denostada, está cerrada desde el 15 de agosto porque el torrente recuperó su cauce natural e inundó el arenal hasta el mar.
Las pérdidas de la restauración, aparatos de playa y negocios colindantes son cuantiosas, considerando los días de facturación que se han ido al estercolero por mor de la inoperancia de las administraciones. En lugar de aplicar una solución urgente, aunque fuera provisional, que habría sido lo lógico dado el momento crucial de la temporada, asistimos a la controversia sobre la responsabilidad competencial de la cala alaiorense entre el Ayuntamiento de Alaior, el Govern y el Gobierno central.
En noviembre de 2022 el Estado transfirió al Govern la autorización de uso de temporada en las playas y en el mar territorial, actividades y ocupación del dominio público-terrestre, autorización en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar; y concesiones demaniales de costas; obras y actuaciones que no sean de interés general. El Estado, en cambio, conservó la emisión de informes preceptivos sobre funciones traspasadas, además de la fijación de cánones de aprovechamiento, entre otros cometidos.
Esta transferencia ha venido a duplicar competencias en lugar de simplificarlas y a elevar la absurda burocracia, es decir, justo lo contrario del objetivo que debía perseguir. Cuando la naturaleza ha descargado un revés como el sufrido en Cala en Porter, queda claro que el traspaso a medias de Costas al Govern no solo no resuelve los problemas sino que los agrava en medio de una vergonzosa falta de entendimiento entre unos y otros.
