La lección británica

El corolario total se ha traducido en un estancamiento económico desde 2019, sobre políticas férreas de austeridad y de recorte drástico del gasto público. Un dato, brutal: el instituto oficial de estadística británico señalaba que, en abril de 2024, cerca de diez millones de personas se encontraban en listas de espera en la sanidad; a la vez que detallaba informaciones sobre la pauperización de la educación e infraestructuras públicas. A esto, debe añadirse la reducción de los impuestos a los más ricos, a la par que financiar los recortes que se inferían tras esa medida con nuevos préstamos –una ocurrencia de la premier Truss y su gurú económico de Cambridge–. El desenlace fue calificado como un destrozo (esto es textual) para la economía de Gran Bretaña, por parte de tabloides de cariz netamente liberal: la consolidación de unos desequilibrios que supusieron la caída de la libra a su nivel más bajo en treinta y siete años. Casi nada.

Lo que resulta más sorprendente es que este recetario –recorte del gasto público, bajadas de impuestos a la población más rica, anemia de la inversión, privatizaciones– se siga manteniendo por parte de gobiernos conservadores que persisten instalados en unas premisas cuyos fallidos resultados se reiteran, una y otra vez. No se trata de opiniones; se trata, insistimos, de datos, de variables. Para aquellos gobiernos, la fe supera a la realidad, y esa obstinación provoca serios problemas a las sociedades en las que se aplica tal catecismo. Por ejemplo, el presidente argentino Javier Milei acaba de crear un ministerio cuyo objetivo primordial es desregular la economía y los servicios públicos: hacia la privatización. Es decir, se usa al Estado para desguazar sus funciones esenciales. De poco sirve a estas organizaciones conservadoras comprobar que, una vez más, no existe ley de hierro alguna que diga que gestionan más eficientemente los recursos económicos. Empecinamiento económico.