En junio de 2022 la Comisión Europea presentó la Ley de Restauración de la Naturaleza, una ley ambiciosa cuyo objetivo era frenar la pérdida de biodiversidad del continente, en consonancia con la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, que ya planteaba en 20201 un plan de recuperación de la naturaleza entre cuyos objetivos se citaban entre otros: recuperar grandes superficies de ecosistemas degradados; asegurar que hábitats y especies no se deterioren; detener la pérdida de polinizadores; reducir en un 50 por ciento el uso de plaguicidas químicos; conseguir que al menos el 25 por ciento de las tierras agrarias se dedique a la agricultura ecológica; rehabilitar grandes superficies de terrenos contaminados; plantar 3.000 millones de árboles para la biodiversidad; lograr que en al menos 25.000 km de ríos no existan barreras que impida su curso natural; reducir en un 50 por ciento el número de especies de la «Lista Roja» amenazadas por especies exóticas invasoras; reducir en un 50 por ciento la pérdida de nutrientes del suelo sin perder fertilidad y, como consecuencia, reducir en un 20 por ciento como mínimo el uso de fertilizantes; apoyar a las ciudades de más de 20.000 habitantes para poner en marcha planes de ecologización; eliminar o reducir al mínimo el impacto negativo de algunas técnicas pesqueras y extracción sobre especies y hábitats sensibles.
Esta ley, que fue suavizada en su tramitación para intentar consensuarla después de las presiones recibidas en su contra, fue aprobada en el Parlamento Europeo en febrero de este año y al pasar al Consejo Europeo, sorpresivamente fue rechazada por el cambio de posición de Hungría en el último momento, en marzo. La extrema derecha y la derecha del PPE no vieron con buenos ojos esta ley que consideraban lesiva para los agricultores, aunque en realidad lo que estaban defendiendo eran los intereses de las multinacionales de los pesticidas y de la agroindustria, apoyándose en campañas mediáticas subvencionadas por éstas y sus lobbies. Es tan obvio que para producir alimentos sanos se necesita de un medio ambiente sano, que cuente con suficientes polinizadores, agua y suelo sin contaminar, ecosistemas vivos y equilibrados, mares no esquilmados, salvaguarda de servicios ecosistémicos (depuración del aire, polinización, absorción de carbono o acceso al agua potable, entre otros) pero que también contribuya al rendimiento económico, a la garantía de salud y bienestar humanos y a la seguridad alimentaria, que defender lo contrario solo puede ser fruto de la ignorancia, de la desinformación, del empecinamiento ideológico o del interés particular más insolidario. Téngase en cuenta el punto de partida en el que nos encontramos: el 81 por ciento de los hábitats están deteriorados y una de cada tres especies polinizadoras, como las abejas y las mariposas, está en declive2.
Afortunadamente, el 17 de junio se ha aprobado esta ley en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente por el cambio de posición de Austria que ha votado a favor y la abstención de Bélgica, una ley que permitirá recuperar al menos el 20 por ciento de los ecosistemas marinos y terrestres para 2030 y todos los que necesiten restauración para 2050.
Queda por delante una tarea ardua, ya que los estados miembros de la UE solo dispondrán de un plazo de 24 meses para elaborar sus Planes Nacionales de Restauración. En el caso de España, que siempre estuvo a favor de la Ley, es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el que debe redactar ese Plan. Contará con la ayuda de los partidos que en Europa integran The Left, de los verdes, de los socialistas (en Europa también liberales y algunos conservadores del PPE, ninguno español), pero también del mundo científico y colectivos ecologistas y sociales que trabajaron intensamente toda la legislatura pasada en Europa para llegar al objetivo alcanzado. Sería deseable que las CCAA colaborasen elaborando sus propias estrategias de restauración, con la máxima participación pública para evitar la desinformación que ha estado a punto de hacer descarrilar esta importante iniciativa legislativa en aras de la biodiversidad, tan esencial para nuestra propia supervivencia.
