A base de aplicar todo tipo de maniobras que corresponden a casuísticas inexplicables para la mayoría de terrenales, algoritmos informáticos que retuercen cálculos en su propio beneficio, las compañías aéreas siempre ganan. Ya pueden incrementarse los descuentos de residente o imponer el Estado la obligación de servicio público en una ruta determinada, que Vueling,Ryanair, Iberia... nunca pierden.
Uno diría que cada vez que los sufridos usuarios caen en la tentación de ilusionarse ante los anuncios de la clase política para abaratar precios o aumentar frecuencias acaba sucediendo si no lo contrario, sí otra realidad muy alejada de la que nos habían vendido. En conclusión, viajar sin haberlo programado con antelación ha sido y sigue siendo un quebradero de cabeza por lo abusivo de los precios.
Es por ello que la posibilidad de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible implemente la OSP entre Menorca y Barcelona genera ahora más recelo que expectativa positiva.
Desde que Marc Pons, entonces conseller de Movilidad, anunciara hace más de tres años este proyecto, hasta hoy, la tarifa de referencia de lo que pretende ser una experiencia piloto ya ha subido hasta los 170 euros -42,5 con descuento de residente- y no existen certezas de que topar los precios más elevados no vaya a acabar perjudicando a quienes vivimos en la Isla.
Pedir garantías al Ministerio, como ha hecho el Consell, no basta.Tampoco ha sido suficiente en ocasiones anteriores cuando las compañías han optado por encarecer otros asientos, en general, para compensar las supuestas pérdidas que solo a posteriori han denunciado quienes deberían velar por hacer un seguimiento continuo y que no sucediera. Una multa aquí u otra allá por este motivo nunca ha inquietado a las aerolíneas.
Prácticas reales, ejemplos diáfanos y cuentas claras es la exigencia que debe plantear el Consell antes de que nos vuelvan a dejar con cara de tontos.
