No es fácil conocer el «mercadeo», la vieja ley de la oferta y la demanda de la compra y de la venta de escaños. Todo depende de lo avispado que sea el que tiene escaños para vender y la necesidad imperiosa que tiene el que los compra. Normalmente el que cambia escaños por privilegios ya sabe que con los votos que le han dado las urnas no va a poder gobernar así que lo que hace es negociar unos escaños que no le sirven de mucho y los cambia por los más variados asuntos políticos incluso a veces no tan políticos. A veces la tacañería ha roto la cuerda de la que el vendedor hace más abuso que prudente uso como por ejemplo ahora Puigdemont y su cohorte de afines que han intuido que tenían al señor Sánchez como el que tiene un león por la cola y con un bozal puesto alargando sus exigencias como si fueran una goma. Lo malo de esta industria es que no en pocas ocasiones la goma acaba por romperse y una goma rota siempre tendrá la debilidad del punto por donde rompió.
La señora Nogueras, Míriam, votó que «no» el martes 30 de enero de 2024. Que votase que «no» el PP y Vox lo entiendo pero Junts... habían acordado anteriormente que iban a votar a favor lo que a la postre validaba la ley de Amnistía que ahora tendrá que estar 15 días la Comisión de Justicia para estudiar posibles cambios por parte de los distintos partidos. ¿Una jugada maestra de Junts? Que amaga por echarlo todo por la borda si no se satisfacen sus ya más que exageradas pretensiones. También podría suceder que el PSOE le mande a Junts una notita que simplemente les advierta: «señores, hasta aquí llegó el agua». Yo no perdería dos minutos en extrañarme de ver las cámaras clausuradas ante una nueva convocatoria de elecciones, que como me diría l’amo: «de más verdes nos han segado».
Con votar «no» a la ley de Amnistía, ¿qué pretenden Junts y Puigdemont? No les veo dando «puntadas sin hilo». Más bien creo que se trata de una maniobra pensada aunque no calculada del todo.
Por otra parte supongo que en Moncloa saben lo que hacen al pensar en favorecer a los implicados en aquellos disturbios del procés catalán. Eliminar el delito de terrorismo de la ley de Amnistía no es una «bagatela» que favorece a Puigdemont y a los que creyeron que eso del procés eran ya «habas contadas». Eliminar el delito de terrorismo supondría la salida de más de un centenar de terroristas de prisión y hablo de terroristas de toda grey. Puigdemont bajo ningún concepto nos puede salir tan caro. Conviene no olvidarse que es un prófugo de la justicia aunque eso no explica que Míriam Nogueras votó «no», que unos días antes había acordado el sí.
El martes 6 de febrero 2024 la Junta de Fiscales de lo penal del Tribunal Supremo que debatía el caso tsunami democràtic, apreciaron que existen indicios de un delito de terrorismo en las algaradas que se produjeron en Cataluña en 2019. Opinión respaldada por la amplia mayoría, 11 votos a 4. La junta de indicios para imputar a Carles Puigdemont que lleva huido de la justicia desde 2017, es decir 7 años y el problema sigue enquistado sorprendentemente sin que además se le vea visos judiciales de poder ser finiquitado.
El fiscal Álvaro Redondo descarta el delito de terrorismo y la imputación de Puigdemont. A este fiscal se le tiene calificado como conservador en su manera de calificar todo este asunto donde no pasa, según él y eso como mucho, de desórdenes públicos. Pero el debate arrasó la tesis del señor Redondo. Por otro lado, sorprendentemente aun seguimos con esa extraña cantinela de jueces y fiscales conservadores y progresistas. «Ni conservadores ni progresistas». Quienes tienen por oficio interpretar y aplicar la ley no deberían en unos casos ser laxos y en otros innecesariamente severos. Quizá de esa manera no veríamos la llamativa desproporción de pena impuesta ante un mismo delito a tenor no del delito cometido si no de la forma personal de aplicar la ley. Si «la ley es igual para todos» no la debería de hacer tan distinta la aplicación penal en lo que va de un juez a otro.
En el amplio abanico de quienes se han tenido que sentar ante un juez, es muy conocida la opinión de aquellos que dicen que más que un buen abogado «que dios nos conceda un buen juez». No es torpe el deseo pues en él va implícito que un juez pueda ver como delito lo que no es otra cosa que una falta de desorden público o por el contrario calificar un desorden público como delito penado con cárcel.
