Hay oficios que parecen invisibles aunque son esenciales, sobre todo en un estado de bienestar en el que el cliente paga por la experiencia. Cada vez hay más negocios basados en servicios, en los que la atención es clave. Y ahí el trabajador se convierte en talismán, aunque sometido al estrés de la evaluación permanente por parte del usuario a través de plataformas que se forran con el tráfico de opiniones.
Es lo que pasa con el sector turístico, que supuso una aportación al PIB nacional de más del 12% en el tercer trimestre de 2023, con más de 183.000 millones de euros, y unos tres millones de trabajadores. Según datos del INE, al cierre de agosto los hoteles españoles daban empleo a 302.000 personas, récord que representa ya el 2,35 % del total de afiliados a la Seguridad Social, el porcentaje más elevado jamás registrado. Afinando más, en España hay entre 100.000 y 150.000 camareras de piso, lo que suponen entre el 30% y el 35% de las plantillas de los hoteles, a los que habría que sumar las viviendas turísticas. En Balears, según la fuente, se habla de entre 20.000 y 33.000, la gran mayoría mujeres.
Las cifras evidencian que el sector está en manos de las kellys, pero sus condiciones laborales no son directamente proporcionales a su necesidad. Porque un cliente puede reservar un hotel con una habitación fantástica, pero si llega y está sucia o desordenada, la impresión es nefasta. Lo mismo en un baño o un comedor. La imagen puede irse al traste, más aún si el establecimiento vende lujo o estrellas.
La denominación de kellys es una especie de acrónimo formado a partir de la expresión «la que limpia». En Balears ha habido una ley turística pionera, lanzada por el gobierno de Armengol, para que los establecimientos se doten de camas elevables que impidan movimientos que pueden acabar en lesiones, incapacidades temporales o permanentes por enfermedad profesional. La norma existe, pero el cumplimiento no, así que las kellys y los sindicatos (que hablan de un 10% de ejecución) acaban de avisar de la interposición de denuncias si no se aplica la obligatoriedad de medir sus cargas de trabajo y exigirán sanciones que van de 1.500 a 300.000 euros. Ya amenazaron con movilizaciones cuando los hoteleros y sus patronales pidieron al Govern del PP una reforma de la norma para que la medida sea voluntaria y no obligatoria, y Prohens cometió la imprudencia de decir que las camas elevables son «la mayor tontería en política turística de los últimos años», como si la salud de las camareras fuera una cosa menor.
En Tenerife, la asociación de Kellys ha liderado una huelga hace unos días para reclamar condiciones de trabajo dignas. Precisamente el año pasado conocí a una camarera de piso en Canarias, de baja indefinida, según contaba ella en la playa mientras presumía de ingresos extra por alquilar turísticamente su chalé, que limpiaba ella. Pero jetas hay en todas partes; que no paguen justas por pecadoras.
