Jueces y magistrados de este país están hasta las narices de haberse convertido en diana del enfrentamiento político. A los escritos de protesta de la Asociación Profesional de la Magistratura, próxima al PP, se ha sumado Jueces por la Democracia, de carácter progresista. El hartazgo desborda la ideología de cada cual. Si el ubicuo ministro Bolaños creía que con sus llamadas telefónicas iba a rebajar la tensión, se ha equivocado. Los insultos a determinados magistrados, que han jugado un papel relevante en las consecuencias jurídicas del referéndum y la ilegal declaración de independencia, han sido de tal calibre que el sentimiento generalizado es de solidaridad con los señalados.
Los continuos gestos de tolerancia con sus socios independentistas, por parte del presidente Sánchez, ha llevado a sus portavoces a utilizar la tribuna del Congreso y el Senado para lanzar andanadas contra todo aquel que se interponga en sus exigencias de impunidad.
Si alguien concitó el respeto social por su impecable presidencia del juicio en el Supremo contra los líderes del «procés», fue Manuel Marchena. Dialogante, respetuoso, sin apartarse un ápice de la legalidad; aplicando, incluso, el sentido del humor para rebajar la tensión en la sala. No hubo más que elogios a su función. Ahora la amnistía le ha convertido en el chivo expiatoria de la portavoz de Junts, a la que no se oyó protestar en aquel entonces. A lo mejor, más le valía callar con su jefe escapado a Bruselas, dejando a los demás en el banquillo.
Pese a que desde Moncloa se vende la amnistía como el proyecto de pacificar Cataluña, la chulería y la permanente amenaza que proclaman los dirigentes independentistas, demuestra la fragilidad de los apoyos al Ejecutivo. Hasta Puigdemont se permitió en el Parlamento Europeo advertir a Sánchez que, o cumple sus promesas o vendrá el final. Una cosa es que el Partido Popular, que siempre ha querido controlar todos los órganos de la Justicia, lleve cinco años bloqueando la renovación del CGPJ, y otra que el Gobierno consienta los ataques directos a los magistrados. Bolaños, acompañado del fiscal general del Estado y del presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, que miraban al infinito mientras hablaba el responsable interino del Consejo General del Poder Judicial, oyeron con nitidez, como Vicente Guilarte advertía que no van a consentir que ningún juez ni magistrado comparezca en las comisiones de investigación del Congreso que pretenden averiguar si ha habido «lawfare».
Por si no les había quedado claro a los presentes, terminó su intervención con un mensaje lapidario: «Rebajen la tensión y déjennos en paz».
