El espectáculo se ha montado alrededor de la amnistía, aunque el auténtico riesgo para la estabilidad política se representa en otro escenario.
La amnistía no pertenece al ámbito de la justicia sino de la política. Y, por tanto, puede generar discrepancias y enfrentamientos entre los partidos, pero no necesariamente beneficia o perjudica a la justicia y a los jueces. Sus reacciones en muchos casos son fruto de la parte de ADN política que contamina su función. Casi dos décadas del PP con mayoría en el Consejo General del Poder Judicial se traducen en centenares de nombramientos en los puestos claves de la administración de justicia. El PSOE también pretende el control, porque se siente con derecho por la ostentación del poder. Pero renovar el CGPJ sin reforma no resolverá nada, será un paso más de la cronificación del descrédito de la política. Pero creo que el PP quiere que la elección la hagan los jueces porque presume que, la mayoría, le son fieles, sin recurrir a la puerta de atrás.
En mi modesta opinión, el problema, más que la amnistía, es la actitud de Puigdemont y Junts de llevar al Gobierno al borde del precipicio para conseguir avanzar en un proceso independentista que no tiene cabida en la Constitución. Que colaboren con la investidura de Sánchez no significa que tengan el más mínimo interés en la gobernabilidad de España, que es contradictoria con sus objetivos. Aspirar a la independencia por la vía del acuerdo político es un sueño, cada vez más minoritario, y una pesadilla para una mayoría de ciudadanos, que tienen otras prioridades y sobre todo, otras necesidades.
Nadie puede impedir que Puigdemont crea y defienda la independencia. Sin embargo, Sánchez, al margen de sus numerosos cambios de opinión, no puede llevar más allá su excesiva generosidad si no es correspondida con un gesto que no sea exclusivamente permitirle seguir siendo presidente y que no lo sea Feijóo con el apoyo de Abascal.
Ya saben aquel que diu que el cántaro va tantas veces a la fuente que al final...
