A final de año llega el momento de hacer balance de la concesión de licencias, tema no resuelto. Un freno a la actividad económica de un importante sector laboral, así es actualmente la concesión de licencias en la isla. Hemos puesto los ojos con mayor atención en el Ayuntamiento de Maó, que ha constituido una mesa de seguimiento de la tramitación, con los principales Colegios Profesionales afectados, voluntad que agradecemos, aun cuando no hay comunicación directa con los técnicos que firman informes, en esta mesa de seguimiento.
Desde los Colegios no podemos decidir sobre la productividad de la Administración. Precisamente el 27 de marzo pasado se ratificó el desarrollo de la carrera profesional en la Administración de Balears, donde no se concreta el bloque de evaluación de los resultados obtenidos, siendo fijo e irreversible el reconocimiento, que puede aparejar hasta 12.000 euros anuales de complemento, en el caso más alto. No hay control de la productividad, tema pendiente de negociación con la parte social. Esto concierne el resultado de la cantidad de licencias concedidas. En el caso de Maó se decretan con oscilaciones tan patentes como conceder 36 licencias en marzo y 9 en abril de este año, con un tiempo de espera medio de unos 300 días, superando los 1.000 en algún caso. ¿No podría regularse la percepción del complemento de la carrera en función de los resultados?
Por otra parte, ¿Qué instrucciones reciben los técnicos? La irregularidad en el número de resoluciones entre meses da a entender que la concesión de licencias no se tiene como una labor prioritaria, aun cuando condiciona la actividad de una parte sustancial de la economía de servicios, con empleo durante todo el año. En cuanto al tiempo de espera, sólo comentar que legalmente la resolución debe producirse en tres meses. Cierto que este año ha sido especial, ya que la oferta de empleo público OEP 2022 habrá tenido a muchos técnicos distraídos por esta circunstancia, con las consiguientes oposiciones. También pueden faltar recursos humanos. En este sentido, compartimos la conveniencia de doblar el ICIO, impuesto sobre licencias, hasta ahora comparativamente muy bajo, en Maó. Debe haber recursos para atender el servicio, y buena disposición por parte de todos, evitando tomar decisiones políticas que no estén amparadas por una norma, lo cual genera discrepancias de interpretación.
La normativa no ayuda, por su complejidad y contradicciones. El año pasado se dictó el Decreto 10/2022, donde por una parte se declara que desde 1999 la población ha crecido un 43% en Baleares, o el 35% en Menorca, y por otro se descalifican todos los suelos sin desarrollar, dejando en una incógnita como obtener suelo para nuevas viviendas, lo que obligará a los ayuntamientos a una revisión en cadena de los planes generales. También se decreta en la misma norma, y lo repite el PTI, que las piscinas en rústico no pueden exceder los 35 m2, medida insuficiente, propia de un apartamento, condicionando, sin apenas ahorro de agua, el diseño de la rehabilitación de las fincas. Parece un tema irrelevante, pero las dimensiones de los elementos habitables no pueden decidirse caprichosamente, sino que la decisión debe dejarse a los técnicos y al Código Técnico. La Ley de Agricultura de 2019 promulga en su art. 114 que la administración pública competente en materia agraria podrá exonerar del cumplimiento del planeamiento urbanístico, algo así como legalizar la reserva de dispensación, incumpliendo la planificación territorial. El PTI aprobado en 2023, tras un grupo de artículos presentando el modelo, tiene una redacción poco determinada, que admite múltiples interpretaciones.
Y recientemente, el Decreto 6/2023 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda abre algunas ventanas nuevas para actuar dentro del espacio urbano edificado, que está sujeto, en la parte donde los ayuntamientos tienen competencias, a examen, pendiente de conclusión. Lo mismo ocurre con las obras autorizables para reducción de la demanda energética, como el Sistema de Aislamiento exterior (SATE) o las placas fotovoltaicas, donde hay interpretaciones encontradas que podrían echar por tierra proyectos para reducción del consumo de energía aprovechando las ayudas disponibles. Todo ello carga una enorme responsabilidad en el lado de la Administración, para clarificar criterios y normas, lo que los técnicos llevan esperando para realizar su trabajo de manera competente y profesional.
Por la parte de los Colegios Profesionales, creo que hay voluntad de formar a los colegiados mediante cursos orientados a mejorar la respuesta profesional ante estos retos. También cabría pensar en ayudar a la Administración para externalizar determinadas partes del procedimiento, nada imposible con una pasarela segura de acceso digital a la Administración, o externalizar obra pública mediante concursos. El Coaib destina recursos a disponer en Menorca de un profesional experimentado que tiene interlocución con los ayuntamientos, a través de la Oficina de Información Urbanística, con la voluntad de organizar alguna convocatoria entre todos los técnicos municipales de nuestra profesión que están al servicio de la Administración, ya que el dialogo entre todos, y el análisis colectivo de las normas a aplicar y los procedimientos a seguir, serán muy importantes para salir del atolladero actual, lo cual es nuestro deseo más acuciante para el 2024.
