En solo cuatro días de este mes el dron de la Dirección General de Tráfico en Balears, operado desde tierra por la Guardia Civil, ha cazado a 80 conductores por diversas infracciones al volante mientras sobrevolaba la carretera general. Otros agentes especialistas de la Benemérita, también desplazados a la Isla en el mismo periodo, han multado a 60 transportistas por anomalías en sus vehículos, documentación incorrecta o peso excesivo.
En Es Migjorn el Ayuntamiento no da abasto para tramitar las miles de multas que se llevan notificando desde finales de junio a partir de las capturas de los cuatro radares instalados por una empresa contratada. La recaudación será cuantiosa para el municipio que ingresa el 40 por ciento de las sanciones, al tiempo que se ha logrado, en parte, mejorar la seguridad limitando la velocidad al paso por la vía que cruza el pueblo en dirección a Sant Tomàs.
En Maó el equipo de gobierno no ha tenido la misma determinación porque sus tres radares y las cámaras llevan 19 meses en funcionamiento pero no han extendido una sola multa.
La gestión, en el caso del municipio mahonés, corresponde al propio Ayuntamiento, cuyos gobernantes, hasta ahora, han optado por no perjudicar la economía doméstica de los residentes ni tampoco la de los visitantes pese a que todos creíamos que los dispositivos captaban infractores y multaban. Es por esta razón que se habían negado a facilitar datos sobre las presuntas sanciones que no lo han sido.
El efecto disuasorio de cámaras y radares ha tenido el resultado perseguido porque han desaparecido los accidentes graves en la Vía de Ronda y en la entrada a Sant Climent, y se ha pacificado el acceso al centro de la ciudad.
Las multas son el método más efectivo, lamentablemente, para no errar en la conducción y respetar las señales de tráfico. Pero hacer creer que se va a sancionar y no hacerlo puede interpretarse como un engaño difícil de encajar si procede de una institución municipal.
