Dos reuniones por separado con empresa y trabajadores y una conjunta han sido suficientes para que el nuevo gobierno del Consell haya propiciado el fin de la huelga indefinida en la ITV de la Isla.
Habían transcurrido más de dos meses sin que la institución insular, titular del servicio, hubiera sido capaz de evitar la acumulación vergonzosa del retraso en las citas para la revisión debido a su mal funcionamiento antes de que se llegara al paro indefinido. Certio incumplía sistemáticamente el contrato y la única represalia conocida había sido una multa que no tuvo trascendencia.
Ahora, a la vista de la rápida resolución derivada del acuerdo entre empresa y empleados, sería conveniente que alguien explicara por qué se había enquistado el conflicto laboral de tal manera que ha perjudicado a 3.600 conductores, cuando han bastado apenas tres reuniones para desbloquearlo.
Las acusaciones del presidente del Consell, Dolfo Vilafranca, por la «inacción» del área de Movilidad, gestionada por Més per Menorca en el anterior mandato, y su afirmación rotunda de que nadie parecía trabajar en ese departamento provocan estupor y evocan otras muy similares de la consellera anterior, Francesca Gomis, tras ser destituida. Sugiere, por tanto, que la responsabilidad de lo ocurrido no es tanto la falta de entendimiento entre trabajadores y empresa, que resulta incuestionable, sino de la errática gestión política.
El nuevo escenario, no obstante, presenta garantías mínimas a la vista de los antecedentes. Las voluntades de unos y otros para normalizar el servicio son un buen punto de partida, pero de poco servirán si no se transforman en la mejora urgente del servicio. Habrá que ver cuántos inspectores nuevos aporta la empresa para poner al día las citas a medio plazo y qué seguimiento hace el Consell para que esta vez sí cumpla con los compromisos.
