El primer pleno ordinario del Ayuntamiento de Ciutadella que ha presidido la nueva alcaldesa Juana Mari Pons Torres ha incluido la aprobación de una modificación de crédito, que asciende a 522.000 euros, para el pago de los intereses de demora por la expropiación de una zona verde situada en Son Carrió.
Otros expediente similares están pendientes de tramitación y resolución. Todos ellos son fruto del Plan General de Ordenación Urbana de 1991, que aún sigue en revisión, dado que en marzo de 2918 se aprobó con carácter inicial el nuevo planeamiento municipal pero aún no está aprobado con carácter definitivo. Aparecen, en los mapas, las zonas verdes de terrenos privados que han sido dibujadas y calificadas como espacios públicos por los redactores de los planes urbanísticos.
Naturalmente, todos estos terrenos han de ser adquiridos por el Ayuntamiento, a no ser que el propietario tenga la amabilidad de cederlos de forma gratuita para su incorporación al patrimonio municipal.
Al surgir discrepancias, entre la Administración y las propiedad, sobre el valor, tasación y precio de cada parcela, hay que recurrir al Tribunal Económico-Administrativo para fijar un justiprecio que llega vía sentencia. Y de ahí surgen los intereses de demora, que se añaden al coste de la zona verde.
No se entiende cómo la modificación de crédito por el retraso que acumula la expropiación de la zona verde de Son Carrió fuera aprobado con los votos del PP y Vox, mientras que se abstuvieron PSOE, PSM y Ciutadella Endavant, cuando es un expediente de naturaleza técnica, no política, que han tramitado los departamentos de Urbanismo de Intervención.
Los propietarios de estos terrenos en Son Carrió recurrieron la valoración municipal, que ascendió a 400.000 euros, y han conseguido en los juzgados 1,5 millones de euros. Calificar zonas verdes no sale gratis, porque después hay que pagar.
