La Oficina Anticorrupción tiene un nombre que asusta pero un proceder que recuerda al de los vulgares chiringuitos que montan las instituciones para colocar a los amigos o dar imagen institucional de la persecución al adversario. Esta Oficina la montaron los campeones de la transparencia cuando llegaron al poder hace ocho años, pero en cuanto el director que pusieron al frente, Jaume Far, les empezó a inquietar fue acosado hasta que renunció. Se conoce que no había entendido bien cuál era su función real, que era mirar para otro lado según los casos.
Ahora, coincidente con el informe sobre el presunto fraccionamiento de contrato que responsabiliza al vicepresidente del Consell, Miquel Maria, en Eivissa se ha conocido otro contra el presidente de aquella isla, Vicent Marí, por adjudicar un contrato a dedo, esos contratos menores tan al uso en nuestro IME.
En el caso de Eivissa, la Oficina Anticorrupción lo manda directamente a la Fiscalía para empapelar al señalado. En el caso de Menorca lo deja en manos de la presidenta y el principal afectado se apresura a definirlo como simple «error administrativo».
Luego la Sindicatura de Comptes pone el dedo en la llaga sobre el abuso de los contratos menores por parte del Consell menorquín, dos millones en el año crítico de 2020. «Las facturas sin contrato se requerían como respuesta urgente en pandemia», justificó Mora.
Ese es justamente el motivo aludido por el presidente pitiuso para contratar un vídeo promocional en 2020 que recordara que Eivissa seguía allí cuando cesó el estado de alarma. Fueron unos 40.000 euros. Las facturas pagadas por las célebres Directrices Estratégicas fueron 47.000.
Lo que aquí sirve y es habitual ¿por qué es perseguido allí? Cuesta digerir que ante hechos bien similares en una isla y otra, se traslade la sensación de que se valora con criterios de simpatía u obediencia política.
