La prohibición de la venta de coches y furgonetas diesel y gasolina, también los híbridos enchufables, ya tiene fecha, la ha puesto el Parlamento Europeo y es 2035. Quedan doce años, pero para el viraje que tiene que dar el parque automovilístico envejecido de esta isla eso queda a la vuelta de la esquina.
Menorca tiene 8,5 coches por cada diez habitantes pero muchos ya tenían que haberse jubilado, la edad media de los vehículos en Balears ronda los 13 años. Como son viejos contaminan, la mayoría de esos coches se verían afectados por la declaración de zona de bajas emisiones en la que ya trabaja el Consell, y que no comprendería puntos concretos de tráfico intenso sino toda Menorca. Por ejemplo, un turismo diesel matriculado antes de 2006 no tiene derecho a ningún distintivo ambiental y coches nada ancianos, que hoy ruedan por nuestras carreteras y que cumplen las últimas o anteriores especificaciones sobre emisiones, tendrán etiquetas B o C, no las 0 o Eco que permiten librarse de las prohibiciones en una zona de bajas emisiones. Es una absoluta revolución para la movilidad en la Isla que por ahora no está siendo acompañada de un verdadero transporte público con frecuencias que permitan al menos llegar al trabajo, como ponen de manifiesto las quejas de los usuarios, que se apañan compartiendo coche no por moda sino por necesidad.
Entre 2019 y 2022 se vendieron en Menorca 90 coches eléctricos puros, los que aprueba Europa, cuando el Consell aspira a tener en circulación 14.000 en 2030. Lo malo de todo esto es que no falta conciencia ecológica sino dinero. La compra de un vehículo es algo de peso, un producto que debe durar, cuanto más mejor, porque no podemos renovarlo cuando nos apetece o lo dicten nuevas normativas, y menos a los precios actuales, sobre todo los eléctricos, no aptos para una renta media. En lugar de ultimátums lo que hará falta será aumentar planes y ayudas para sustituir la flota obsoleta.
