Hay médicos, sanitarios, policías, bomberos y otras ilustres profesiones incluidas en el término genérico de funcionarios. Pero ni su ejercicio ni sueldo ni prebendas, si las tuvieren, son cuestionadas por la ciudadanía, harta agradecida de su contribución a la mejora del bienestar ciudadano.
Hay otros altos funcionarios, personas de gran preparación que ocupan puestos de responsabilidad a los que han llegado con estudios y méritos que no dejan lugar a dudas. Son clave para el buen funcionamiento de la administración y mantienen lubricado el necesario juego de contrapesos de la democracia, esos sobre los que pende ahora la amenaza de la autocracia parlamentaria, como bien la ha definido la catedrática Araceli Mangas Martín.
No sé si estos oficios van incluidos en el examen de desempeño de la función que la ministra trabalenguas ha anunciado para los funcionarios. Por estos entendemos mayormente al empleado público de silla, mesa y ordenador de 35 horas semanales, días libres por asuntos propios (moscosos los llaman) y, en el caso de los funcionarios del Consell, complemento de productividad fijo. Es irregular, según ha advertido el interventor de la casa y, repetidamente, la Sindicatura de Comtes en su repaso de las cuentas públicas, pero como nadie lo denuncia, continúa el reparto de dos millones al año entre las más de 600 nóminas que pagamos entre todos.
Entre los conocidos como muevepapeles también hay buenos trabajadores cuya vocación de servicio y ayuda al ciudadano es demostrable en sus tareas diarias, pero se supone que la medida va dirigida hacia los funcionarios que un día aprobaron un examen y se apalancan en los derechos adquiridos con desprecio hacia los deberes. Me temo que desde los tiempos de don Mariano José de Larra se conserva ese espíritu del trabajo al tran tran y el vuelva usted mañana.
