«Están en una cárcel, no en un colegio»

En todos los casos se trata de faltas que se relacionan con la situación de privación de libertad, que ya de por sí implica la comprensible ausencia de comodidades, sin que por ello deba considerarse que los retenidos están sujetos a una degradación como seres humanos.

El informe anual del Defensor del Pueblo, a simple vista, no revela grandes anomalías en las instalaciones menorquinas en cuanto a estos espacios de reclusión. En la mayoría de los casos son defectos técnicos que pueden subsanarse pero que no ponen en cuestión el trato de las personas obligadas a pasar por un calabozo o la cárcel. Es evidente, si acaso, que los aseos de los acuartelamientos de la Guardia Civil, con placas turcas, deberían estar renovados desde hace tiempo, como denuncia el MNP.

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El calabozo de la Policía Local de Maó está clausurado, principalmente, porque los detenidos solo pueden ser conducidos a él por las zonas comunes debido a la estructura del edificio, aunque esa misma situación se da en las comisarías y no parece un impedimento tan determinante para justificar su cierre.

Y en cuanto a la presunta discriminación a la mujer en la prisión de Menorca, como señala el documento, no está contemplado por Instituciones Penitenciarias y los funcionarios lo niegan considerando que se hizo a partir del testimonio de las dos únicas reclusas que había cuando lo visitaron.

«Están en una cárcel y no en un colegio», señalan los trabajadores. Y no deja de ser cierto si el hecho de que el patio al que salen sea pequeño, con un muro muy alto y que las celdas estén en la segunda planta, llega a ser considerado como trato degradante. Eso parece una exageración.