La ley del embudo en el empleo

El Consell y sus entes, los consorcios de residuos y energía, el sociosanitario y el de suelo rústico, emplean a 603 personas. La corporación insular es un gigantesco centro de trabajo, junto con el área de salud y el aeropuerto es con seguridad de los mayores de la Isla. Ahora, obligado como el resto de administraciones por la ley 20/2021 a reducir la temporalidad de sus plantillas a un máximo del 8 por ciento, ha iniciado un proceso para estabilizar plazas y convertirlas en fijas. Lo primero que sorprende es conocer la elevada proporción de trabajadores de la institución que han encadenado interinidades, roza un 37 por ciento. Choca con esa imagen preconcebida y extendida que se tiene del empleado que, al entrar en lo público, puede apoltronarse y tener su vida resuelta. Un error es que se suele meter en el mismo saco del funcionariado a profesiones tan diversas como pueden ser administrativos, arquitectos, bomberos, médicos, enfermeras, profesores, oficiales de brigada, guardas de pesca, cuidadores o técnicos de ámbitos que pueden ir desde la educación a los residuos; otro es dar esa estabilidad –fundamental para echar raíces en un sitio y hacer planes a medio o largo plazo–, por sentada nada más entrar en el sector público.

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Está claro que se ha abusado de la temporalidad. Otra cosa es que se difiera del modelo de administración, de si se quiere engordar más o no, pero de ese debate no tienen la culpa los trabajadores que han empezado su vida profesional con un contrato temporal, esperando quedar fijos, y que sin embargo se perpetúan como eventuales. Eso sucede además cuando la propia administración regula y obliga a las empresas privadas a convertir contrataciones temporales en indefinidas. Es inaudito que médicos o profesores encadenen contratos con fecha de caducidad a veces por más de una década. La inestabilidad y la rotación no son buenas ni para los profesionales públicos ni para los usuarios de los servicios que prestan.