Cuando Mae de la Concha era diputada de Podemos en Madrid exhibía una agenda de trabajo en la que no había una sola página en blanco. Afirmaba que no había tenido un solo día de descanso en varios años y eso fue la causa de algunos problemas de salud. Sin entrar en análisis de la eficacia de su gestión pública, lo que sí comprendí entonces que ella siente el peso del cargo y la responsabilidad que representa con los ciudadanos, no solo los que la han votado. Hay políticos que solo gestionan para los suyos, que impregnan de ideología cualquier gestión. Mae no es de esos ni de esas.
Cuando asumió la Conselleria de Agricultura del Govern tenía apuntado su gran objetivo en la nueva agenda: conseguir que la Unión Europea reconociera la insularidad como un factor básico para el reparto de los recursos de la PAC. La única forma de ayudar al sector primario a ser competitivo es compensando las diferencias de coste que tiene con los territorios no insulares. El jueves presentó el detalle de cómo se ha incorporado este concepto al nuevo periodo que se inicia el año próximo, para aplicar a partir del 1 de enero de 2023. Lo expuso con detalle, con ejemplos concretos. Una finca que ahora percibe de la PAC 6.600 euros puede obtener una subvención de 17.300 euros. A eso añadió un incremento importante del presupuesto del Provilac para ayudar a los ganaderos a valorar la leche. El campo de Menorca parece que podrá recibir más dinero público que nunca, como una forma de ayudar a una difícil supervivencia.
El reto de Mae de la Concha ahora es hacer que lo que está sobre el papel se traslade a la realidad del sector agrícola y ganadero. Sin duda, la ruta para llegar al día en que se paguen las ayudas de la nueva PAC no va a ser un camino fácil. A todos nos interesan que sus previsiones se cumplan.
