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El impuesto turístico sostenible grava el turismo, pero calificarlo de sostenible ya es otra cosa. Se recauda a través de las estancias turísticas, las de todos, también las nuestras, de trabajo u ocio en islas vecinas o de escapada en la propia. El objetivo de la ley que lo regula era realizar inversiones de conservación medioambiental, recuperación de patrimonio, así como el impulso a la investigación y la protección del entorno. Eso es por lo que la gente cree que paga, es su modesta contribución a amortiguar el impacto que genera cuando pasa las vacaciones en Balears, se ducha, produce basura, llena sus playas, conduce..., muchos hasta lo pagarán contentos para borrar su huella ecológica. Pero lo cierto es que la recaudación de 2021 y 2022 tendrá otro destino.

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El proyecto presupuestario de la Comunidad Autónoma vuelve a dejar en suspenso la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, encargada de evaluar y priorizar los proyectos beneficiarios del dinero, y no se volverá a reunir nada más y nada menos que hasta 2023. El argumento es que habrá recursos extraordinarios para proyectos sostenibles gracias a las transferencias de fondos europeos y a las inversiones del factor de insularidad previstas en los Presupuestos del Estado, de modo que la ecotasa se destinará a afrontar los gastos ocasionados por la pandemia, como así se aprobó vía decreto en 2020. La comisión que reúne a agentes sociales, consells, entidades ecologistas y el consejo agrario interinsular no tendrá ni voz ni voto, será el Govern el que decida en qué gastar ese dinero sin tener que consultarles para ello.

Por justificado que esté el gasto debido a la covid-19 me parece una engañifa para quien suma a la tarifa del hotel varios euros por día y cabeza creyendo que así aporta para una recuperación medioambiental. Se pervierte la finalidad con la que se creó el impuesto y, mientras tanto, aquí faltan elementos básicos como barcas para vigilar zonas marinas protegidas.