El gobierno se esfuerza en retorcer la semántica para actuar como si de un eficaz prestidigitador se tratara a la hora de retirar un impuesto y reemplazarlo por otro, casi de inmediato, como si los contribuyentes creyéramos que vamos a salir beneficiados.
Es el mismo sistema con el que pretende apelar a la seguridad de las pensiones a costa de subir medio punto las cotizaciones sociales durante un plazo de diez años para tratar de equilibrar las cuentas de la seguridad social.
Durante los casi dos años de pandemia todavía no hemos advertido otras medidas para salir de la crisis «más fuertes y todos juntos», que repetía Pedro Sánchez en sus cansinas intervenciones durante el confinamiento, que la ingeniería fiscal para tocarnos el bolsillo como sea, además del maná de los fondos europeos.
No ha habido un gesto de la
Administración para soltar el lastre que suponen tantos cargos públicos, por ejemplo, ni a nivel estatal, con el gabinete ministerial más numeroso de toda la democracia y todo lo que conlleva, ni tampoco en el autonómico.
En Balears la presidenta, Francina Armengol, anunció en febrero que se reducirían 15 altos cargos tras acometer la remodelación del Ejecutivo que afectó a tres consellers, convenientemente sustituidos por otros. Precisó entonces que no se disminuía el número de consellers pero sí el de cargos intermedios, tan generosamente remunerados puesto que el Govern cifró entonces el ahorro de las arcas públicas en unos 800.000 euros.
A la hora de la verdad el supuesto ahorro ha quedado en una cuarta parte, 202.000 euros, muy por debajo de ese cálculo. El presupuesto de altos cargos para el próximo año alcanza los 14,1 millones de euros, lo que supone que no solo no se redujeron los 15 puestos intermedios anunciados, sino que además los «altos» se han subido el sueldo un 2 por ciento. Los beneficiados son ellos, por supuesto, y no los contribuyentes.
