La dignidad es una cualidad que, si no se exige de entrada, al menos se espera de salida de quien ocupa un escaño en Las Cortes. El que patea a un policía prescinde de esa condición. Y si un diputado como Alberto Rodríguez ha sido condenado por ello no hace falta esperar a interpretar la sentencia, debería despegar el trasero del escaño por iniciativa propia y suplir con coherencia la dignidad que le ha faltado.
Digo coherencia porque pertenece -o pertenecía, porque se ha ido tras perder la bicoca-, a un partido que presumía de código ético y que llegó exigiendo a los diputados y altos cargos que dejaran el cargo si eran no ya condenados sino meramente imputados o investigados. Pregonaban una revolución de limpieza institucional que han transformado en la revolución de las lapas, todos pegados al cargo, unos por los votos y los más, entre los que figuran más condenados y condenadas, por designación dactilar.
La que han montado estos días, con el anuncio de querella incluida a la presidenta del Congreso, y que ha involucrado a medios y expertos en leyes para intentar salvar el culo al diputado canario no se compadece con los principios elementales del comportamiento. Patear a un policía pudo ser un medio para hacer méritos en Podemos, según se oyó en los discursos de su antiguo líder, pero los jueces dirimen sobre los medios y los fines y la infracción o no de la ley, no están designados por criterios bolivarianos. Todavía.
Y dicho eso, a los jueces hay que exigirles un lenguaje comprensible, que no esté sujeto a intermediarios, entiéndase interpretaciones de expertos, que además no se ponen de acuerdo. Con lo fácil que resulta decir la pena acarrea pérdida de cargo público. Tengo dudas como Martín Pallín y otros de que tal como está redactado el fallo judicial las rastas deban desaparecer del Congreso.
