No hay Sant Joan sin «Foc i fum» ni Navidad sin «pastorells» ni presupuestos del Estado sin ficción. Las cuentas públicas ya no son lo que eran, aunque se mantiene idéntica toda la parafernalia de presentación, debate, comparación, alardes inversores y críticas por discriminación territorial.
Es el teatro del otoño, como el Don Juan Tenorio de Zorrilla que se subía al escenario también por estas fechas. Con los presupuestos generales del Estado, y las de la comunidad autónoma, hemos aprendido ya que entre el plan de gasto o inversión y la ejecución real dista un abismo.
Al Gobierno, despojado como está de competencias en la periferia a causa de la descentralización, hay que exigirle que cumpla con lo poquito que le queda. Puertos y aeropuerto pertenecen a organismos autónomos autosuficientes, de modo que su única responsabilidad residual es Justicia e Interior. Es decir, los nuevos juzgados de Ciutadella y la comisaría de Mahón, destinados a rodar por las cuentas públicas con poca esperanza de materialización. Su ausencia de las partidas de inversión ya no decepciona, cuando han aparecido tampoco se ha movido una línea en el proyecto y mucho menos una piedra en el solar.
Lo de la comunidad autónoma, que es la administración multicompetente, me parece más grave. Lo suyo con proyectos como el conservatorio de un lado y el instituto de hostelería de otro constituye un auténtico toreo. Llevan apareciendo en el presupuesto autonómico tres o cuatro años y volverán a salir en el de 2022. Que nadie lo dude. Tornará la consellera de la cosa financiera y el conseller menorquín de turno quienes, como el año pasado, prometerán otra vez que esta vez sí, que si figuran en los presupuestos es porque hay compromiso de realización. «Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé», decía Don Juan.
